Los abogados que pedían dinero a sus clientes con la excusa de «sobornar» fiscales aceptan su culpabilidad

Un refrán muy usado por los abogados es que 'más vale un mal arreglo que un buen pleito'. Y este martes, en la Audiencia Provincial de La Rioja dos eran los letrados (J. P. P. y A. G. R.) que, en esta ocasión, se sentaban en el banquillo de los acusados por un delito continuado de estafa, otro de deslealtad profesional y uno de calumnias al haber pedido a dos clientes el pago de dinero con el que presuntamente iban a sobornar a fiscales para lograr trato de favor en varios procesos que estos tenían abiertos.

Pero antes de la vista, todas las partes han llegado a un acuerdo que ha variado sensiblemente las penas solicitadas por un caso que se remonta diez años en el tiempo. La Fiscalía ha modificado varios párrafos de su acusación inicial y han valorado el ingreso de 6.000 euros a la víctima para rebajar la solicitud inicial y las «paralizaciones injustificadas» en el proceso.

Así, el Ministerio Público ha eliminado el delito continuado de deslealtad profesional y ha dejado los de estafa y el de calumnia continuada. Por el primero, los acusados han aceptado una pena de once meses de prisión (que no conlleva el ingreso en el centro penitenciario) y tres meses de multa con una cuota de diez euros (900 euros) y por el segundo una pena de nueve meses de multa con una cuota de diez euros (2.700 euros).

La concurrencia de las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas y la retirada del delito continuado de deslealtad profesional son la explicación de esa rebaja respecto a la pena inicial, que se elevaba hasta los dos años y medio de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación y más de 22.000 euros de multa.

Cabe recordar que el caso comenzó cuando los dos acusados, que ejercían como letrados en el mismo despacho profesional, fueron contratados por una pareja para que defendiese al hombre en un caso por un delito de apropiación indebida. Los dos abogados manifestaron a su cliente la conveniencia de alcanzar un pacto con la acusación pública para lograr una pena inferior a dos años de cárcel, para no tener que ingresar en prisión.

Para llegar a ese acuerdo, el encausado les indicó que era necesario depositar 56.000 euros en una cuenta por medio de transferencia, y además, entregarle otros 7.600 euros en mano, para darle al fiscal «bajo mano», y al decirlo hizo el gesto de «poner el cazo», así como otros 2.400 euros también en mano, para retirar unos antecedentes penales por una condena anterior y con ello lograr un trato de favor.

Tras esas conversaciones, que fueron grabadas por los clientes, estos tuvieron dudas sobre cómo proceder a hacer entrega del dinero en mano para que llegara al fiscal. Entonces, uno de los abogados les ratificó el acuerdo conseguido por su socio y les dijo que les sorprendería la cantidad de acuerdos a los que se llega con el fiscal y que «ese dinero se entregaba para comprar a la Fiscalía y que era acuerdo al margen de la ley». Los dos clientes desconfiaron y finalmente le encargaron a otro abogado la defensa en su caso.

Por otro lado, otro cliente contrató a estos dos letrados para su defensa en un procedimiento judicial y llegó a entregar a su abogado 14.000 euros, que este le pidió «aprovechándose de la situación de desconocimiento de los trámites jurídicos». El otro abogado también le dijo al cliente que «después de ir más de 60 veces al juzgado», habían llegado a un acuerdo con el fiscal, que había costado 6.000 euros.

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