Un experto cuestiona que La Rioja regule la «autodeterminación de género»

El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, Vicente Bellver, ha cuestionado hoy la posibilidad de que la futura Ley de Igualdad, Identidad de Género y Derechos de las personas Transexuales, regule y proteja la «autodeterminación de género».

Bellever ha hecho esta afirmación ante la Comisión de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Parlamento regional para responder a cuestiones sobre la Proposición de Ley que se elabora sobre esta cuestión.

Ha subrayado que él no cuenta con «una opinión definitiva» sobre el texto propuesto «pero sí que veo en él dos almas distintas, dos espíritus que nos son incompatibles pero sí sustancialmente distintos».

Porque esta proposición contiene, ha afirmado, «el objetivo de acabar con cualquier forma de discriminación por la orientación de género» y, a la vez, «la afirmación de un presunto derecho a la autodeterminación de género, que es algo que genera dudas».

El catedrático, que ha comparecido a petición del Grupo Popular, ha destacado la «contribución que han hecho las leyes autonómicas» al «avance en la lucha contra discriminación por orientación sexual que se ha producido en España».

«Pero una cosa es eso y otra es hablar de un derecho a la identidad de género, que es algo que no está reconocido en ningún instrumento internacional de derecho», ha asegurado.

Y si se afirma que existe ese derecho, ha dicho, «podemos caer en el riesgo de imponer una concepción omnicompresiva del bien a una sociedad que tiene derecho a la pluralidad».

Así, ha incidido «hay que poner todos los recursos posibles para que no haya discriminación» pero «otra cosa es extender la convicción de que el género es una construcción psicosocial y que hay que rechazar lo que no sea ese planteamiento».

El primero de esos planteamientos, el de la lucha contra la discriminación, «es una base de esta Ley robusta y amparada en el derecho internacional» pero «el resto, es endeble jurídicamente y cuestionable, porque traslada una concepción moral a todos los ciudadanos».

Subyace, en ese planteamiento, el «entender que el sexo no tiene que ver con el cuerpo, sino con la construcción de cada individuo que se hace por cuestiones psicológicas y sociales »y «eso no necesariamente debe ser asumido por toda la ciudadanía».

Y ese concepto, ha asegurado Bellver, «no es necesario para luchar contra la discriminación, al contrario puede ser contraproducente».

Ha incidido en que el «derecho» que incluye el proyecto de Ley «se sostiene en otra cosa discutida: que el individuo es soberano sobre cualquier consideración física» algo que, a su juicio, si se admite «supondría que cuerpo solo es materia prima, nos viene dado y sobre eso nosotros podemos y debemos trabajar para construir nuestra identidad de género».

En esta misma línea a cuestionado el que la Ley no especifica «a partir de qué momento se define esa identidad» o si se crea «algún elemento objetivo para que se sepa que esa elección de género es libre y duradera».

«Debemos exigir un compromiso con un género, se puede tener género neutro o podría cambiar», ha cuestionado y ha preguntado si «el cuerpo no tiene nada que decir» en este tema.

Según el texto propuesto «parece que lo único que subyace es que quien tiene un conflicto de género,lo tiene porque hay una realidad social que le repudia de forma explícita, que le crea un falso problema y una situación de estrés».

Y eso, ha asegurado, «en el fondo es una doctrina omnicomprensiva a cerca del bien, que se nos presenta como un derecho que debe ser acatado por todos».

También supondría, ha asegurado, que la «responsabilidad» de las personas no solo está relacionada con «realizar todo tipo de acciones para acabar con la discriminación».

«En este planteamiento, para que alguien sea cívicamente responsable, debe asumir que el género es algo que se autoconstruye», ha dicho, y eso «supone proclamar un derecho no contemplado e imponer al conjunto una visión comprensiva del bien, que es algo impropio de una sociedad abierta y pluralista».

Además, ha concluido, ese postulado puede «colisionar» con tres derechos contemplados en la Constitución Española «el de la libertad ideológica y religiosa; el de la libertad de expresión, cátedra y producción científica; y el de el derecho preferente de los padres a la educación moral de sus hijos».