El exjefe de la Policía Nacional sostiene que en el caso Emfrisa «se hicieron investigaciones fuera del conducto reglamentario»
Álvarez asegura que un inspector de policía «hizo unos trabajos que no podía realizar» porque había pasado a segunda actividad
Decimoquinta sesión de juicio y el comisario jefe de la Jefatura Superior de Policía Nacional en La Rioja de 1994 a 2014), Manuel Álvarez, ha cuestionado algunas de las actuaciones que se efectuaron en el marco del caso Emfrisa. En concreto, ha asegurado que «se produjeron investigaciones fuera del conducto reglamentario».
Ha relatado que un inspector de este cuerpo policial «estaba haciendo unas indagaciones que no debía hacer» porque aunque cuando comenzaron las primeras pesquisas de este proceso, que arrancaron tras la denuncia de Bellomonte ante la sección Económica y de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Cataluña, el agente sobre el que Álvarez ha puesto la lupa era el jefe de la brigada de Policía Judicial, con el tiempo pasó a segunda actividad por imperativo legal. De ahí, que, de acuerdo con su relato, «este señor carecía de atribuciones para realizar ese tipo de actuaciones».
Preguntado por el presidente del tribunal sobre qué actuaciones concretas efectuó durante este tiempo, el exjefe de la Policía Nacional ha indicado que «siguió haciendo gestiones con compañeros de Barcelona«, aunque no ha sabido especificar cuáles.
Álvarez, que ha declarado como testigo a petición de la defensa de A.G.R., ha recordado que cuando un agente pasaba a segunda actividad había dos clases, con destino y sin destino. La primera estaba diseñada para efectuar trámites burocráticos, algo que «generalmente era para policías, no para jefes» y, por tanto, «este hombre, al cesar como jefe de brigada, tenía que irse para su casa porque no tenía puesto para segunda actividad». Aún así «yo opté por encontrarle un puesto en la brigada de Extranjería, le puse un despacho y su trabajo era recibir la documentación de los extranjeros». Su trabajo, en definitiva, «solo lo podía hacer dentro de su despacho», ha incidido.
Ha narrado que se enteró de la actividad de este agente cuando llegó un escrito dirigido directamente a este inspector requiriéndole para que averiguara un domicilio. «Me cabreé, llamé al jefe de la Policía Judicial y le dije que fuera a hablar con su señoría -por el juez- para decir le que había estado haciendo unas labores de investigación«. De regreso, le comentaron que ese mismo juez »les había amenazado con desacato«, »habían recibido amenazas veladas«.
De este tema, ha concluido, «se apartó a toda la policía judicial y no sé por qué», algo que supuso un «descrédito» para la brigada. Trasladó la situación que se estaba produciendo a Madrid y ahí le dijeron que «actuara en consecuencia y no lo hice porque le tenía que haber mandado a su casa«, ha lamentado.
En la sesión de este martes también se practican las periciales acerca del valor de la sociedad Emfrisa y del parque solar de Toremontalbo.
El fiscal imputa al exconsejero Muñoz los presuntos delitos de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa, y por ellos reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones de euros. A su mujer, C.M.C., le acusa de presunta estafa y blanqueo de capitales y pide para ella cuatro años de cárcel y más de 276.000 euros de multa. La lista de procesados en esta causa la completan A.G.R. para quien el fiscal reclama una pena de cinco años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los mismos delitos que la anterior y para A.G.C. y I.M.A., tres y dos años de cárcel y multa de 3.000 euros para el primero y de 2.400 para el segundo por una supuesta estafa. Demandan también que entre todos indemnicen solidariamente a Bellomonte en más de 1,6 millones de euros.
