La exdecana de los psicólogos riojanos dice ser víctima de una campaña de «acoso y derribo»

La exdecana del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, junto a su expareja, sentados ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Logroño/Juan Marín
La exdecana del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, junto a su expareja, sentados ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Logroño / Juan Marín

Rubio insinúa que el urdidor de la trama era el gerente de la inmobiliaria y éste insiste en que sólo era un empleado y un hombre de campo

Carmen Nevot
CARMEN NEVOTLogroño

La decana de los psicólogos riojanos entre junio y diciembre del 2011, que ayer se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Logroño en la primera jornada de juicio por un presunto delito continuado de estafa, depositó sobre el tejado del supuesto gerente de la inmobiliaria la responsabilidad sobre una trama por la que el fiscal les reclama tanto a ella como a su entonces pareja, V.B.C., seis años de cárcel, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 1,3 millones de euros a sus víctimas.

Durante su declaración, María José Pérez Rubio, que cumplió condena en el centro penitenciario de Logroño por malversación, aseguró que conjugaba su actividad como psicóloga en su gabinete, con la de decana en el colegio oficial y con la inmobiliaria de la que, según su relato, era gerente uno de los testigos citados ayer ante el juez. Según su versión, era este, con quien tenía una relación familiar, quien le decía lo que tenía que firmar. «Era él quien gestionaba la inmobiliaria, la dirigía, tenía don de gentes...», afirmó de un testigo en el que tenía depositada toda su confianza, tanto ella como su expareja, es decir, su compañero actual de banquillo de los acusados.

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Negó que hubiera recibido dinero en metálico, sólo de aquellas personas a las que conocía por su condición de decana del Colegio de Psicólogos, y que no supo que los pagarés que entregaba no tenían fondos. Un extremo del que tuvo constancia al final del todo, cuando «todo estalló». Entonces contactó con el «gerente» para que le diera explicaciones. «Le pregunté qué estaba pasando, me dijo que había problemas de liquidez, que las subastas no habían salido como querían y que yo debía reintegrarles el dinero porque yo había firmado los cheques... Le dije que no iba a firmar más y él dijo que a mí no me iba a creer nadie porque 'tú no eres lo que aparentas'. Nos has engañado, has estado con otros asuntos y a ti te vamos a difamar». Una conversación tensa, siempre según su versión, de la que arrancó una «campaña de acoso y derribo que me obligó a marcharme de Logroño, no pude explicarme a nadie y en el colegio empezaron a difamarme, a decirme que era una estafadora», lamentó.

«Campaña de acoso»

Su expareja, V.B.C., durante su declaración corroboró la versión de Rubio, así como la confianza que ambos habían depositado en el supuesto gerente de la empresa, y la campaña de «acoso» a la que habrían sido sometidos. Mecánico de coches, narró que residía en Pamplona, donde trabajaba, por lo que su contacto con el sector inmobiliario era residual, a pesar de que quería cambiar de sector laboral y dedicarse a éste junto a la psicóloga.

Por su parte, el testigo señalado por la exdecana negó cualquier responsabilidad en la inmobiliaria de la que dijo era empleado y no gerente pese a que reconocía que llevaba tarjetas de presentación con su nombre y ese cargo; «es la que me dieron y es la que usaba», dijo. Se reafirmó constantemente en que era un hombre de campo y que, al contrario de lo que había señalado minutos antes la acusada, «no sabía manejar una inmobiliaria». Su misión en el negocio era captar pisos mirando carteles por la calle y sobre todo «hacer de chófer cuando teníamos que enseñar pisos en los pueblos», indicó. Aseguró que desconocía que era administrador solidario de una sociedad junto a la acusada y que lejos de ganar dinero perdió todo, sus tierras y sus ahorros, incluido el dinero rescatado y capitalizado del plan de jubilación. «Y eso que eran los padrinos de mi hijo. Cuando esto acabó me tuvo que dar de comer mi hermana porque me dejaron 'pelao'». «La jefa era María José Rubio Pérez, que todavía me acuerdo de los apellidos», sentenció.

Un pasado oscuro que acabó en condena

María José Rubio Pérez fue condenada a seis años de cárcel -el Supremo rebajó la pena a 3 en el 2001- por unos hechos ocurridos a principios de los noventa, cuando trabajaba como funcionaria habilitada en la Delegación del Gobierno en Navarra. La exdecana había creado una cadena entre empresarios de Pamplona, ligados al mundo inmobiliario y de la construcción. Les explicaba que sus aportaciones eran necesarias para paliar el retraso con el que llegaban los fondos reservados a la Comunidad Foral. A cambio se comprometía a devolverles el dinero y pagarles unas contraprestaciones en concepto de intereses, en algunos casos cercanos al 50%. Para llevar a cabo su cadena de estafas, la psicóloga empleaba dos cuentas bancarias de la Delegación del Gobierno en Navarra.

El piso alquilado

Entre todas las personas que ofrecieron ayer su testimonio en la vista oral que hoy se reanudará en la Audiencia, destacó el de un joven que adquirió un piso en teoría propiedad de la acusada pero que resultó ser la vivienda en la que ésta vivía de alquiler. Le enseñó el inmueble en varias ocasiones y desembolsó en mano por él 160.000 euros en dos pagos. A cambio le entregó el pagaré con el que supuestamente se aseguraba que no perdería dinero. El joven nunca llegó a escriturar el piso, no pudo contactar más con la acusada y el cheque que le entregó como garantía no tenía fondos. También declaró la propietaria del piso en cuestión, que tuvo como inquilina a la exdecana hasta que dejó de pagar la renta durante cinco meses, de agosto a diciembre del 2011.

El fiscal imputa a los acusados un delito continuado de estafa que habrían tramado a lo largo del 2011. De acuerdo con el Ministerio público, la procesada «aprovechó» su condición de decana del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja y la «credibilidad» que generaba este cargo para establecer un círculo de amistad con los profesionales del colegio. Ante ellos se labró una reputación ficticia y «aparentando» una solvencia económica que no era tal proponía a sus víctimas la adquisición de diferentes inmuebles a través de la inmobiliaria de la que decía ser propietaria y de las sociedades mercantil Rubiobat y Rubiomar, constituidas por el otro acusado. En algunos casos les convencía de que se trataba de un negocio seguro y de que a cambio de invertir en los negocios inmobiliarios podían obtener unos intereses del 50% del capital aportado.