La Rioja prevé elevar un 36% la superficie en la que se restringe el uso agrícola de nitratos
Las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos pasarán de 15.650 hectáreas a 21.634 al ampliar las existentes y crear cuatro nuevas
En un contexto de preocupación creciente por el presente y el futuro del agua y con un sector agrario y ganadero que no atraviesa por ... su mejor momento, el Gobierno de La Rioja proyecta incrementar un 36% la superficie vulnerable a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por el momento, la ampliación prevista está en fase de exposición pública, un trámite previo a que pase por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).
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La Rioja tiene programado incrementar la mencionada superficie mediante la modificación de un decreto de 2019 que regulaba las zonas vulnerables a este tipo de contaminación, de modo que incrementará la superficie de seis de los diez espacios que ya estaban declarados y designará cuatro nuevos alrededor de puntos que, según el último mapa de la Dirección general de Aguas, estarían afectados por la contaminación. Precisamente esta figura, la de zonas vulnerables, se diseñó como una herramienta para defender las áreas más perjudicadas, aquellas con riesgo de filtraciones y en cuyas aguas se concentran los niveles más altos de nitratos.
A día de hoy, La Rioja cuenta con diez zonas vulnerables a la contaminación por nitratos que ocupan una superficie de 15.650 hectáreas, el equivalente a 156,62 kilómetros cuadrados, y representan el 3% de la superficie total de la comunidad. Una vez que concluya la tramitación y sea aprobado definitivamente, el nuevo mapa regional de zonas vulnerables contará con catorce zonas, cuatro de ellas (Laguardia, Fuente Pozuelos, Fuente del Prado y Añamaza) nuevas, y una superficie de 21.634 hectáreas, es decir 216,34 kilómetros cuadrados, un 4,3% del territorio autonómico.
La elevada concentración de nitratos en las aguas ha pasado en las últimas décadas a ocupar una parte destacada en las agendas de las administraciones públicas. Porque si bien el nitrógeno es un macronutriente esencial para el desarrollo de los cultivos, en su forma principal de nitrato, su aplicación inadecuada como fertilizante químico u orgánico para la producción de alimentos, por usarse en cantidades excesivas o en momentos inapropiados, puede causar serios problemas ambientales, como la contaminación del agua superficial y subterránea, perjudicial tanto para la naturaleza como para la salud.
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Los problemas de salud que puede provocar beber agua con nitratos son especialmente perjudiciales en bebés, pero también en embarazadas y personas con alteraciones sanguíneas. Su consumo en altas concentraciones se asocia a la producción de metahemoglobinemia en la sangre, incapaz de fijar el oxígeno y que limita su transporte a los tejidos.
No es la primera vez que La Rioja amplía las zonas vulnerables a la contaminación. Ya lo hizo en 2021, aquel año modificó el Decreto anterior para designar cinco nuevas áreas, pasando de cinco a diez zonas vulnerables. Estas zonas incluyen masas de agua subterránea y superficiales, como el aluvial del río Tirón y el río Reláchigo.
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Panorama «desalentador»
A falta de datos concretos de La Rioja, desde Ecologistas en Acción, Koldo Hernández, considera que a nivel de cuenca en España el panorama es «totalmente desalentador». Hay cuencas como en Baleares donde aproximadamente el 50% de las analíticas realizadas en aguas subterráneas superan el umbral permitido por la normativa española. En la cuenca del Ebro «posiblemente estemos hablando de más del 25%», apunta.
Asegura que cada vez se están dando datos peores y más alarmantes y «esto tiene unas consecuencias importantes no sólo para el medio ambiente, sino para la salud y el bienestar humanos». En muchos casos, añade Koldo Hernández, las zonas de captación de agua potable se nutren de las aguas subterráneas, de ahí que los ayuntamientos «tienen que lidiar con una contaminación importante para intentar que el agua que salga por el grifo esté por debajo de lo permitido de aquello que no se considera permisible por la legislación».
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Las modificaciones y las ampliaciones de zonas vulnerables, a su juicio, tendrían su explicación en que lejos de mejorar, la situación ha empeorado en los últimos años. Entiende que para aquellos que tengan la obligación de cumplirlas «les parecerán medidas salvajes, pero son medidas bastante laxas, posiblemente la directiva de nitratos de la UE es una de las más lamentables que hay». Básicamente porque es un acto legislativo de «buenas intenciones» pero que «prácticamente no establece una medida concreta más allá de una cantidad límite por hectárea de uso de estiércol».
Una catalogación con coste extra y, en general, con merma de producción
Estar en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos supone para el agricultor más restricción y control a la hora de abonar los cultivos, explica Nestor Alcolea, secretario general de UPA-Rioja. Y además de limitaciones en el uso de fertilizantes, sobre todo nitrogenados, y de aplicación de purines y estiércoles, «conlleva más burocracia a la que ya tienen de por sí sin estar en la zona vulnerable».
A la mayor carga burocrática se suma un incremento del coste porque «todo lo que supone control administrativo es más caro», apunta. Además, la producción puede verse mermada en estas zonas si no se aplican los fertilizantes que se emplean en las que no están consideradas vulnerables. La razón es que el agricultor no puede aportar todo lo que necesita el cultivo en condiciones normales. En conclusión, no el 100% de ellos, pero sí buena parte, ingresa menos por una producción más mermada y cultivar en zona vulnerable tiene un coste adicional. Las exigencias no sólo tienen que ver con la cantidad de producto, también con las fechas en las que se pueden aplicar o no los fertilizantes y eso que la contaminación puede tener relación con otro tipo de fuente, como los excrementos de los animales, y no necesariamente de la agricultura.
En ARAG-Asaja consideran que la modificación del decreto busca alinearse con criterios científicos y técnicos actualizados y puede suponer «una flexibilización o clarificación de las restricciones previas», apuntan. Pese a la ampliación de zonas, creen que es «más permisiva» con respecto a la norma anterior, que limitaba de forma más estricta el uso de fertilizantes en pendientes, pero siempre en el marco de las buenas prácticas agrarias y con el objetivo de reducir la contaminación por nitratos. Por tanto, «aliviará la carga restrictiva a la que tienen que hacer frente los agricultores y que complica su trabajo diario. Además de suponer un incremento de costes y una merma en su rentabilidad».
Desde ARAG-Asaja reclaman que las medidas orientadas a la sostenibilidad se diseñen con criterios científicos y se aparquen las motivaciones ideológicas.
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