El difícil equilibrio de la dependencia

La incorporación de la dependencia al sistema público de salud ha tenido una evolución desigual por territorios en función de la voluntad de las administraciones que en ocasiones han supuesto una rémora para miles de personas que engrosan las listas de espera. No es el caso de La Rioja.

En nuestra región la aplicación de la ley ha logrado desde sus inicios una de las puntuaciones más altas del país. De hecho, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la comunidad ha logrado un 7,86 sobre 10, la segunda mejor puntuación de España, sólo superada por el 8,93 de Castilla y León. La nota media del país no llega al aprobado (4,96) y Canarias, con un 1,79, encabeza el ranking de los peor calificados. Aragón le sigue con un 2,5.

Pero pese al notable alto, la dependencia en La Rioja tiene luces y sombras. El incremento del número de personas atendidas, el aumento de los servicios en detrimento de las prestaciones económicas, los puestos de trabajo que genera y el importante retorno económico de la inversión en materia de dependencia a las arcas públicas son algunos de los puntos fuertes. Por contra, el rigor con el que se aplica el baremo, es decir, el rasero con el que se mide si una persona es merecedora de alguna de las prestaciones previstas en la dependencia es, según el citado Observatorio, su talón de Aquiles. Basta un dato, el 30% de los valorados no obtiene grado cuando la media española es del 20,1%.

Con el resto de comunidades comparte uno de los males endémicos de la ley: el desequilibrio en una financiación que debían soportar a medias las administraciones central y autonómica. En el caso de La Rioja, el coste global estimado del sistema supera los 66,7 millones de euros y restando los 12,6 millones del copago que aportan los usuarios, el 83% del gasto público (44,8 millones) lo soporta la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado sólo el 17%, poco más de 9 millones de euros. Por contra, la inversión en el sistema ha tenido su recompensa: el año pasado, 1.911 empleos estaban ligados directamente a la dependencia -la cifra más alta desde que se puso en marcha- y los retornos económicos estimados a través de la Seguridad Social, IRPF, IVA y otros impuestos superaron los 22,2 millones de euros.

Respecto del copago, en La Rioja, por una plaza de residencia, un beneficiario debe abonar entre 1.090 y 811,53 euros al mes, en función de su grado. El usuario puede pagar el precio público mensual de forma completa o firmar un documento de reconocimiento de deuda y pagar el 75% de sus ingresos (generalmente pensión). En este caso la deuda se acumula y a su fallecimiento los herederos deben asumirla. En caso de que renuncien a esa herencia la deuda la asume de forma íntegra la administración.

Al difícil encaje de la financiación, se sumaron en el 2012 los recortes previstos en el real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria que en general llevaron a una fase de parálisis del sistema. De hecho, como consecuencia de la mencionada norma y otra serie de recortes, en el 2016 La Rioja dejó de percibir 5,3 millones de euros. Una cantidad con la que, según el Observatorio de la Dependencia, podían haber sido atendidas 850 personas y generado 200 empleos directos de nueva creación en el sistema. El quebranto económico acumulado desde el 2012, de acuerdo con las mismas fuentes, supera los 26,3 millones de euros.

La evolución del sistema de ayudas a las personas dependientes en La Rioja revela que esta comunidad, según el XVII dictamen del Observatorio, se sitúa entre las regiones que se estancan o que tienen una absorción muy lenta. «Resulta muy preocupante que parecen haber llegado a un punto en el que no pueden absorber la lista de espera incrementando las atenciones a ritmo necesario considerando el camino que les queda por recorrer», precisa el documento. En esta situación se encontrarían, además de La Rioja, las comunidades de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y País Vasco.

El limbo de los dependientes

En concreto, en nuestra región el número de personas atendidas a 31 de diciembre del 2016 era de 7.592, lo que supone un incremento del 12,5%, (849 más) respecto a las que tenían algún tipo de prestación un año antes. Además, muestra un cambio de tendencia, tras tres años en los que el número de usuarios no ha llegado a la barrera de los 7.000. Por contra, sí que se ha producido un incremento en la cifra de desatendidos, es decir, de personas que pese a que tienen su grado reconocido, (grado I, dependencia moderada; II, dependencia severa; III gran dependencia) no han accedido a la prestación que les corresponde.

En esa situación, que en el dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denominan 'limbo', se encuentran 2.844 usuarios, es decir, el 27,25% de todos los reconocidos como dependientes. Una tasa por debajo de la media, pero muy lejos del 0,61% de Castilla y León.

Se da la circunstancia de que la lista de espera se disparó a partir del 1 de julio del 2015. Desde esa fecha, por una modificación de la ley, los dependientes de grado I, es decir, los más leves, empezaron a tener derecho a recibir una prestación. Su incorporación al sistema se notó no sólo en La Rioja sino en todas las comunidades autónomas. Antes del 'retoque' normativo, el limbo apenas alcanzaba al 7% del total de los reconocidos.

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, discrepa sobre el concepto de desatendidos que maneja el Observatorio. Asegura que «en ningún momento han dejado de ser atendidas». Más bien todo lo contrario. De acuerdo con sus datos, son personas que una vez que han obtenido el grado o bien no han acudido al Programa Individual de Atención (PIA), que determina los servicios y prestaciones que le corresponden, o no han presentado la solicitud del servicio al que tendrían derecho. Es más, la Comunidad envía una carta a estas personas recordándoles el grado que tienen reconocido y el recurso al que pueden acogerse.

El consejero riojano entiende que el dictamen del Observatorio de la Dependencia es una buena herramienta de trabajo para poner el acento en aquellos aspectos mejorables. En líneas generales, se felicita por la situación privilegiada de esta región que ha logrado un notable alto «fruto de la buena gestión».

A juicio de Escobar, uno de los aspectos más loables de la aplicación de la dependencia en La Rioja es que está basada en servicios y no tanto en prestaciones económicas. Tal es así que, de acuerdo con el gráfico que ilustra esta página, los servicios entregados, entre los que se incluyen plazas residenciales, teleasistencia, centros de día... han aumentado el 16,65% en los últimos doce meses, mientras que las prestaciones económicas decrecieron el 12,49%. También se incrementó el número de solicitudes recibidas, las personas valoradas, las que tienen derecho a prestación y las atendidas. Incrementos, todos ellos, que conducen a la buena puntuación obtenida por esta comunidad.

En cuanto a la baremación que, según el dictamen, se aplica de forma rigurosa, Escobar asegura que se siguen los mismos criterios en todo el país y precisamente esta comunidad ha solicitado que se flexibilicen algunos de los criterios que se siguen para conceder el grado, especialmente a los grandes dependientes.

Respecto al desequilibrio de la financiación, Escobar asegura que estaría en vías de revisión. De hecho, el Gobierno central ha puesto en marcha un comité de expertos para que revise el modelo de financiación autonómica de forma que se garanticen los fondos para sufragar la dependencia.

El 14 de diciembre del 2006 se aprobó la ley de dependencia. No hubo objeciones. La nueva norma había logrado concitar el apoyo de todos los grupos políticos. Una década después, la técnicamente llamada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha demostrado que nació cargada de 'buenismo' y con las más que loables intenciones de situar a las personas con discapacidad en el centro de la agenda política. Pero entonces no se valoró la carga económica que la medida estrella del Gobierno de Zapatero supondría para las comunidades autónomas que, a día de hoy, soportan más del 80% de su financiación frente al 15% que recae sobre las arcas del Estado y todo ello pese a que en origen el objetivo era repartir el gasto al 50%.