El Supremo de EE UU revisará por la vía rápida los aranceles de Trump

Con ello, la legalidad de los aranceles impuestos por el gobierno de Trump, así como la vigencia de los marcos de acuerdo alcanzados hasta el momento con casi media docena de países y la UE, quedan pendientes del próximo curso judicial. A raíz del varapalo que representó la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de EE UU en julio, ratificada la semana pasada por El Tribunal de Apelaciones para el Circuito federal de Washington DC, la Casa Blanca había pedido al Supremo que se manifestase de forma expedita sobre la legalidad de uno de los pilares de su agenda económica. 

Tal como pidió el gobierno, el alto tribunal fija, además, un calendario acelerado de alegatos escritos con fecha límite del 19 de septiembre, a un ritmo que rara vez concede y que pone de manifiesto la relevancia del asunto.

Los tribunales habían concluido que el gobierno se excedió en sus atribuciones, ya que el comercio es un área reservada constitucionalmente al Congreso. Trump se amparó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, 1977) para decretar el Día de la Liberación aranceles mal llamados «recíprocos» del 10% como base, con tramos superiores sobre decenas de países. Para eso clamaba una serie de emergencias nacionales, en algunos casos vinculadas al déficit comercial y en otros al tráfico de fentanilo. Los tribunales inferiores han dictaminado que la IEEPA, históricamente empleada para sanciones financieras y embargos, no autoriza al presidente a imponer aranceles a gran escala sin una delegación clara del Congreso.

Trump, además, ha utilizado los aranceles para presionar a otros países por razones meramente políticas, como es el caso de Brasil -en el que intenta interferir en el juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro- y de India, a quien inflige el daño para forzar a Rusia a firmar la paz con Ucrania.

En juego están al menos mil millones de dólares recaudados hasta ahora que, presumiblemente, el gobierno de Trump tendría que devolver en caso de una derrota judicial. El presidente siempre ha confiado en la influencia que tiene en la mayoría conservadora del alto tribunal, en el que nombró personalmente tres de los nueve jueces durante su primer mandato. Con su decisión se establecerán los límites de la presidencia y el rumbo de la política comercial del mundo.