Más del 40% de los ERTE concedidos en la pandemia, bajo sospecha de fraude

El Tribunal de Cuentas publicó este martes un exhaustivo informe en el que aflora las deficiencias e irregularidades que cometieron los órganos competentes a la hora de conceder y gestionar las prestaciones por desempleo que se reconocieron a los 4,15 millones de trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo en plena pandemia y las ayudas que recibieron más de 550.000 empresas en forma de exoneración de las cuotas de sus empleados. Supone, por tanto, un varapalo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, más específicamente, para Yolanda Díaz, ya que el departamento liderado por la vicepresidenta segunda -junto con el de José Luis Escrivá (actual gobernador del Banco de España)- fue el encargado de gestionar y aprobar estas ayudas que supusieron un desembolso por parte del Estado de más de 26.200 millones de euros: 18.272 millones por el pago del desempleo y 7.964 millones por exenciones a las empresas en las cuotas de estos trabajadores.

Así, el órgano encargado de fiscalizar las políticas públicas detecta «indicios de incumplimiento» en las exoneraciones de cuotas realizadas a un total de 278.757 empresas, es decir, la mitad de las 558.000 que se acogieron a estos expedientes de regulación de empleo para protegerse de los efectos de la covid-19 y que podrían afectar a 1,7 millones de personas, el 40% del total. Estos casos han sido trasladados a la Inspección de Trabajo para su análisis -apunta el tribunal-, lo que podría desembocar en multas o devoluciones de estas ayudas, aunque la sobrecarga de Trabajo de los inspectores dificultan esta tarea.

Durante ese periodo en el que España se encontraba en estado de alarma, la avalancha de prestaciones y ayudas que había que conceder en un tiempo récord provocó un caos y colapso sin precedentes en los órganos encargados de gestionarlas (principalmente el SEPE, que se vio desbordado), lo que permitió que estas medidas extraordinarias se concedieran con carácter general, sin poder verificar -por falta de información- si la autoridad laboral correspondiente había constatado la existencia de fuerza mayor, requisito para otorgarlas.

Además, el informe señala que la falta de una aplicación informática específica (en la Dirección General del Trabajo, dependiente, por tanto, de Yolanda Díaz) dificultó la trazabilidad de estos expedientes tramitados en un momento de excepcional incremento de solicitudes, lo que «ha conllevado la emisión de resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas». Además, la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades laborales competentes impidió llevar un control adecuado sobre los ERTE-covid «provocando, en ocasiones, la autorización por órganos que no eran competentes».

Asimismo, en ocasiones, el SEPE no ha dispuesto de información relativa a la necesaria constatación de la concurrencia de la existencia de fuerza mayor para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo al no existir un procedimiento de notificación de resoluciones entre las autoridades laborales competentes. En este sentido, la fiscalización ha detectado 10.896 beneficiarios de prestaciones por valor de 25,4 millones de euros cuya inactividad no fue comunicada por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El informe también señala que el SEPE tuvo que recurrir a su propio remanente para financiar las prestaciones por desempleo, con un desembolso de 13.535 millones de euros, sin haber recibido directamente los fondos europeos previstos para este fin.

Pese a que el Tribunal de Cuentas reconoce que los ERTE evitaron la destrucción de empleo, al menos en el periodo inicial, señala que «sus efectos se diluyeron de forma significativa» al desvincularse del mantenimiento del empleo y, de hecho, a 16 de mayo de 2024 seguían inactivas 411.310 empresas acogidas inicialmente a estos expedientes y solo el 62,21% de las personas trabajadoras había retornado a su mismo centro de trabajo, lo que significa que casi el 40% no volvió a su puesto.

Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda a la Dirección General de Trabajo que implante un procedimiento informatizado de tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo y que impulse un protocolo de intercambio de información entre las autoridades laborales. Asimismo, recomienda al SEPE que analice y revise el adecuado reconocimiento de las prestaciones abonadas a 10.896 beneficiarios sin situación de inactividad comunicada por su empresa a la Seguridad Social.