Cuaderno digital. Un trámite «desigual»

Porque si se ahonda en esa comunicación, se observa que mantiene la obligatoriedad del registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios a partir del 1 de enero de 2026 –ahora ese control actualizado puede realizarse en formato papel–. Tanto desde ARAG-Asaja como desde UAGR-COAG coinciden a la hora de señalar que conlleva una «desigualdad de condiciones» en relación a otros países.

«Yo estoy encantado de que se nos exija que solo podamos tratar el campo con una serie de fitosanitarios para dar más seguridad alimentaria y conseguir productos de mayor calidad. Pero si en otros sitios sí pueden utilizarlos y, por tanto, logran ser más rentables, no podemos competir en igualdad de condiciones», evidencia Abel López-Dávalos, agricultor de Tormantos que trabaja la viña y el cereal.

De la misma opinión es Eusebio Ortega, viticultor y fruticultor de Igea, que añade que «a mí me exigen un cuaderno de trazabilidad con los productos que uso. Hay ahora plagas que no podemos combatir con los actuales fitosanitarios que debemos emplear y eso no es jugar todos con las mismas reglas».

Existe una evidente «falta de igualdad de condiciones entre lo que importamos de fuera a lo que se produce dentro», incide Igor Fonseca, secretario general de ARAG-Asaja. Y, por tanto, avanza que «vamos a dar la batalla para que no se exija en 2026, porque no se han hecho los deberes. No hay tiempo suficiente y el Ministerio (de Agricultura) tiene que ser suficientemente consciente de la realidad».

Por todo ello, reclaman que se retrase también la entrada en vigor de esa digitalización relativa a los tratamientos fitosanitarios. «Va a costar más dinero, más tiempo, más burocracia y ahora mismo el sector no tiene por qué asumir esos costes extras», apunta Olasolo. «Hay una falta notoria de rentabilidad, hay abandono de explotaciones... No tiene sentido que por un lado se esté hablando de simplificar la PAC y, en cambio, haya que dar este otro paso de extrema complejidad y de monitorización exhaustiva de la actividad del agricultor», añade Fonseca.

Los cuatro alertan de esa necesidad de contar con medios técnicos y «el Ministerio tiene que ser suficientemente consciente de la realidad», apostilla el secretario general de ARAG-Asaja. «Las grandes empresas cuentan con sus profesionales, sus ingenieros, su personal de secretaría..., pero los pequeños y medianos agricultores, no. Y tenemos que recurrir a asesorías, gestorías y nos están asfixiando», lamenta Eusebio Ortega. La sobrecarga a la que se enfrentan se traduce en «meter más horas de las que ya no tenemos», protesta Abel López-Ábalos, que critica que además de ser agricultor, «nos piden hacer tareas de biólogo, de administrativo, de contable, de mecánico...» y vuelve a coincidir con lo apuntado por Eusebio Ortega: «El tema está enfocado a grandes empresas y grandes productores, pero los pequeños agricultores representamos el 80 o 90% en España».