El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid fue escenario este sábado de lo que tiene todas las trazas de un indebido pulso entre su ... titular, el magistrado Juan Carlos Peinado, y una justiciable singular: Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno plantó al juez, que pretendía comunicarle en persona su intención de sentarla ante un jurado popular por malversación al haber utilizado presuntamente a la directora de Programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, para sus actividades privadas profesionales. Ni Álvarez ni el ahora delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, acudieron a las dependencias de Plaza de Castilla, escudándose, como Gómez, en una circular de la Fiscalía de 1995, el año de la ley del jurado, que les permitiría ausentarse y delegar en sus abogados. La Magistratura no solo ha de ser independiente e imparcial sino, además, dar rigurosa apariencia de ello; de ahí lo cuestionable de que Peinado fijara la citación un inhabitual sábado a las seis de la tarde. Pero los derechos que asisten a los encausados a defenderse no deberían proyectar la impresión de que la ciudadana Gómez libra una pugna con el instructor instigada desde la Presidencia del Gobierno; especialmente cuando Moncloa había interpretado la última resolución de Peinado como un intento de «humillar» a la esposa del jefe del Ejecutivo.
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Sánchez y sus ministros siguen aferrados a la impugnación de unas investigaciones judiciales «incomprensibles» –la definición es de Félix Bolaños, que debería conducirse con mayor prudencia en atención a su cargo al frente de Justicia–, la cual obvia que las audiencias de Madrid y Badajoz han respaldado en lo nuclear las instrucciones de Peinado y la de la jueza Beatriz Biedma sobre el hermano del líder socialista. Que es lo mismo que descartar la existencia de arbitrariedad. Serán luego el juicio a Begoña Gómez, si este se confirma, y el ratificado para David Sánchez los que determinarán si ambos se prevalieron del poder del presidente para medrar en sus carreras; y si este coadyuvó a ello por acción o por omisión. La imagen de un jefe del Gobierno cada vez más cercado no debe permear hasta tal punto las instituciones como para restarlas entereza y credibilidad. Salvaguardarlas es, por ello, deber prioritario de Sánchez. Pero al que también está convocada la oposición para que la erosión de su rival no extienda la gangrena a ese mismo entramado institucional.
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