Fiscales exigen a García Ortiz que «evite» su foto con el Rey en la apertura del Año Judicial

Dexeus, en declaraciones a este periódico, reitera la exigencia de que el máximo responsable del Ministerio Público dimita que su asociación lleva exigiendo desde que el Supremo le abrieran la causa el pasado octubre y lamenta que, de no cesar en su cargo, García Ortiz vaya a estar presente en la apertura del Año Judicial, este 5 de septiembre, en la que, como es tradicional, pronunciará un discurso en presencia del Rey y de Isabel Perelló, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del propio Supremo que lo ha encausado, entre otras autoridades. «Creo que debiera evitarse esa imagen, es un acto solemne, un acto muy simbólico. Debería evitarse por respeto a los fiscales y a nuestras asociaciones», insiste.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, de orientación conservadora y que viene cuestionando la idoneidad de García Ortiz para encabezar el Ministerio Público, evita, en cambio, entrar a valorar el procedimiento que concierne ahora a García Ortiz. Pero sí cree que, cuando se siente en el banquillo de los acusados, «será complicado que la gente considere que la fiscal que participe en el proceso esté actuando de forma neutral», alerta. Una alusión velada a Ángeles Sánchez Conde, la número dos del procesado y quien ha encarnado la oposición a la causa dentro de la institución.

Una postura igualmente crítica mantiene la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que está además personada como acusación particular en este caso. Ayer, a través de un escrito, sus representantes pidieron Tribunal Supremo que suspenda provisionalmente a Álvaro García Ortiz «una vez se dicte auto de apertura de juicio oral». Aunque la figura del fiscal general se considera al margen de la normativa que rige la carrera por su peso constitucional y al considerarse que se halla prestando servicios especiales –por lo que solo él tiene en su mano la decisión de quedarse o irse–, la APIF solicita que se equipare su estatus al del resto de sus compañeros y, a la sazón, subordinados, sometidos al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta regulación abre la puerta a la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales que puedan ser enjuiciados.

En su escrito, la asociación sostiene que «la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso», en tanto que si García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral «él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes». «Evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio acusado. Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a García Ortiz», insiste.

El presidente de APIF, Miguel Pallarés, tildó ayer en Onda Cero la situación de «insostenible». «Desde el minuto uno dijimos que no era compatible tener la condición de fiscal general del Estado y estar investigado por el Supremo», zanjó. La tercera asociación de la carrera, la Unión Progresista de Fiscales, es la única «discrepa frontalmente» de la decisión adoptada el martes por el Supremo y considera que García Ortiz «está siendo objeto de un ataque sin precedentes en democracia». La UPF ve «plenamente inocente» al fiscal general y descarta pedir su dimisión. «No existe indicio alguno para abrir un juicio oral», concluyen.