Gamarra pide «tranquilidad y prudencia» y apela a la «responsabilidad de todos»

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha hecho una breve referencia a la actuación de los agentes de la UDEF en el Consistorio de la capital riojana. Lo ha hecho durante la entrega de premios del programa Explorer 'Jóvenes con ideas' en el salón de Retratos del Ayuntamiento.

Gamarra ha pedido «tranquilidad y prudencia» y ha apelado a la «responsabilidad de todos» porque, según ha querido dejar claro, el de Logroño «es un gran Ayuntamiento, que funciona muy bien y que es totalmente transparente».

Por eso, ha insistido en trasladar un mensaje de «tranquilidad» y ha explicado que el Consistorio trabaja con los agentes de la UDEF con «plena colaboración y transparencia».

Además, ha remitido a la rueda de prensa posterior del portavoz del equipo de gobierno local, Miguel Sainz, para conocer todos los detalles de la operación. De todos modos, ya ha adelantado que no iba «a sorprender nada» y que las informaciones surgidas no iban a motivar «ningún tipo de preocupación en los logroñeses».

En es rueda de prensa siguiente, Miguel Sainz ha insistido en que el Ayuntamiento estaba «colaborando con la Justicia y con los agentes» y puso especial interés en que «no están registrando las dependencias municipales, se está recabando información».

Al igual que la alcaldesa, ha solicitado «tranquilidad y responsabilidad» a los grupos de la oposición (a los que dice que se ha informado «debidamente»), «porque es fácil distraerse y hacer valoraciones erróneas» sobre un caso de alcance nacional y en el que, según el concejal, «no hay más que buscar». Finalmente, les ha advertido que, de entrar en este tipo de opiniones, «caerían en un error».

Sainz ha aclarado que sólo existe una conexión con Bolbomática, una de la decena de empresas investigadas. Y ha especificado que se trataba de un contrato de 45.000 euros por «el suministro de un sistema de gestión policial interno». Ese contrato fue «resuelto en mayo» porque «el suministro no era el adecuado». La Junta de Gobierno local acordó entonces desvincularse del contrato, alegando causas técnicas y se «incautó la fianza».

Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno local, Gespol es «un sistema interno de gestión policial que ha funcionado con éxito en otras partes de España» pero que en Logroño ha sufrido «problemas de implantación». También ha recalcado que se ha sido «100% transparente» con este contrato.

Además, ha aclarado que esta aplicación no afectó en ningún momento a la gestión de multas. «La gestión de multas no se ha externalizado nunca en este Ayuntamiento», ha dicho.