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Miércoles, 10 de mayo 2023
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La destilación de vino de Rioja para hacer frente a la crisis por los excedentes que acumulan las bodegas riojanas, tras la caída de las ventas de los últimos años, ya tiene una asignación económica. El Gobierno destinará finalmente 15 millones de euros de fondos públicos y pagará 1,13 euros por cada litro que se destruya. Aunque todavía faltan por establecerse los plazos de cobro de las ayudas, ya que la medida aún no se puede articular legalmente porque depende del visto bueno de la Unión Europea.
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Con este montante que habilitará el Ejecutivo regional, las 134 compañías vitivinícolas de la comunidad que han solicitado ayuda para destilar –de un total de 384 que tienen actividad dentro de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, lo que supone un 35%– pueden eliminar de sus depósitos un máximo de 13,72 millones de litros. Esta cifra se queda «corta», en palabras del sector, en comparación con el total de existencias que aspiran a destruir en función de la información presentada.
Porque esas bodegas y cooperativas han cuantificado ese volumen bruto para destilación en 40 millones de litros. En esa cifra entran las peticiones de una quincena de empresas que aspiran a destilar el 100% de sus existencias, «y esto es algo completamente inasumible con cargo a fondos públicos», reprochó la consejera de Agricultura, Eva Hita, en su comparecencia para anunciar la cuantía de las ayudas.
En este sentido, también empleó un tono crítico hacia el sector cuando detalló que en algunos casos las añadas de las que se han reportado excedentes para la destilación se retrotraen a la cosecha de 2010. «Esta situación crítica de una parte muy significativa del vino con Denominación Rioja evidencia que el sistema de autorregulación no está funcionando», añadió Hita.
El gabinete de Concha Andreu «ha demostrado en todo momento proactividad y responsabilidad», quiso dejar claro la consejera, «pero la contrapartida y el compromiso tiene que ser claro y contundente por parte del sector, respetando la ley de la cadena alimentaria en la justa retribución de las uvas a los viticultores». Y cree que el problema por el que atraviesa el mundo del vino en La Rioja «no es coyuntural ni casual. El deber de la Administración es gestionar el dinero público y este Gobierno no está escatimando ni esfuerzos ni recursos, pero la estrategia para consolidar la estabilidad del sector vitivinícola es responsabilidad del propio sector».
La consejera reconoció que en la asignación de ayudas se favorecerá a las cooperativas, sociedades agrarias de transformación y pequeñas bodegas familiares, «que merecen nuestro máximo apoyo en reconocimiento a su papel como palancas económicas ligadas al territorio, generadoras de riqueza, principalmente en el mundo rural, y que asientan población en los pueblos». Y por ello recibirán ayuda para destilar sobre los vinos que representen como máximo un 20% sobre sus existencias totales amparadas por añada, mientras que el resto de bodegas percibirán un 15%.
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