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La Retorna, una presa que rebosa dudas
Al extinguir la concesión, la CHE consideró que en la venta de la instalación por parte de Iberdrola «da la impresión de que quisiera evadir las obligaciones» de derruir la infraestructura
La presa de La Retorna lleva generando energía en Brieva de Cameros desde hace más de 75 años. Pero en junio de 2022 la ... Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) extinguió la concesión al haber concluido el plazo decretado e instó a la demolición de la infraestructura.
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El pasado 27 de noviembre, el Gobierno de La Rioja inició formalmente los trámites para declarar la presa, la central hidroeléctrica y sus acueductos como Bien de Interés Cultural (BIC) como 'monumento de ingeniería del aprovechamiento hidroeléctrico', recordando la factura del ingeniero riojano Carlos Fernández Casado y su potencial como recurso energético y turístico para la zona. Pero para eso debería mantenerse en uso, algo a lo que aspira su última propietaria, la empresa Mini Centrales Hidroeléctricas de La Rioja.
Contra el muro de hormigón de La Retorna, además del agua del Najerilla y el río Brieva, chocan ahora los intereses de la empresa, del Ejecutivo regional, del Ayuntamiento de la localidad y del Colegio de Ingenieros de Caminos, por un lado, y los de las asociaciones ecologistas que se amparan en la decisión de la CHE, por otro.
Daniel Carrillo, alcalde de Brieva, defiende que se mantenga el aprovechamiento hidroeléctrico. «La idea del Ayuntamiento, a través de la Mancomunidad de Turismo y junto a Anguiano, es que se mantenga y se explote para que sea una fuente de recursos y genere empleos. No vamos a dejar que se pierda», incide.
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De la misma opinión es Rubén Esteban, exdirector general de Calidad Ambiental que inició los trámites para su protección en febrero de 2022. «Es difícilmente entendible que se priorice la instalación de parques eólicos en cada cordal de un monte o sembrar la tierra de placas solares y rechazar que se mantenga la producción de energía puramente verde», analiza. «Si hay alguien interesado en explotarla, habrá que adaptarla a la normativa, pero la instalación, plenamente integrada, puede seguir produciendo. Además de por su estética y por ser obra del ilustre Carlos Fernández Casado se trata de un recurso para la zona», concluye.
Sin embargo, distintas asociaciones ecologistas evalúan presentar alegaciones a la declaración de BIC (que conlleva una inmediata y total protección) basándose en el documento de la Confederación.
500.000 euros al año
En el informe de fin de concesión se instaba, en primer lugar, «a la parada en modo segura» de la presa y a la posterior demolición. Y en este sentido, la CHE estimaba los costes de borrar del mapa la infraestructura (presa, acueductos, sifones, canalizaciones ...) que se encuentran en el agua y en la ribera del Najerilla. En el caso de la presa de La Retorna el cálculo económico roza los 4,5 millones de euros. Mientras, para la presa de Brieva (para esta no se ha solicitado protección) la estimación sería de 2,8 millones.
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La CHE también hace un cálculo, según la producción anual registrada y a un precio de 40 euros/MWh, de su rentabilidad. La Retorna generaría unos ingresos «de cerca de 500.000 euros al año» con un coste de operación y mantenimiento que «no debería superar los 150.000 euros», aunque habría que «modernizar algunas instalaciones». Así que La Retorna sigue siendo muy viable. Incluso apetitosa para algunas empresas hidroeléctricas o para la iniciativa que se baraja desde la Mancomunidad. Aunque una nueva concesión supondría unas obligaciones de inversión muy importantes.
«La idea es que se mantenga y se explote para que sea una fuente de recursos y genere empleo», asegura Daniel Carrillo
También resulta llamativo en el documento de la Confederación Hidrográfica una respuesta a las alegaciones presentadas por Iberdrola, que vendió la central poco antes de la extinción de la concesión. El Servicio de Aprovechamientos Hídricos señala que la venta es «conforme a derecho y sujeta a la libre y voluntaria elección empresarial», pero destaca que «parece inapropiado el momento de la transferencia». Y lo analiza: «Da la impresión de que se quisiera evadir las obligaciones que pudieran derivar de la resolución de la extinción del derecho al existir antecedentes en los que este organismo ha resuelto la extinción y no reversión al Estado de aprovechamientos hidroeléctricos de su titularidad al tiempo que ha exigido la demolición de las infraestructuras localizadas en el dominio público por considerarse su mantenimiento contrario al interés público y estar localizadas en Red Natura 2000».
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Asociaciones como AEMS-Ríos con Vida celebró el año pasado la noticia de la demolición y confía en que esta se lleve a cabo, amparada en la opinión de expertos en Derecho del Agua y Ambiental, como Pedro Brufao. El profesor de la Universidad de Extremadura defiende que, con la ley en la mano, una vez extinguida la concesión sólo cabe la demolición, tal y como ordenó la CHE, y la regeneración del río Najerilla en ese tramo.
¿Eliminando la obra que el ingeniero Carlos Fernández Casado diseñó para ese lugar el río volverá a ser el que era antes del año 1944? Brufao lo tiene claro: «Los ríos se recuperan rapidísimo, en cuestión de pocos años. La calidad de las aguas mejora, se reduce la proliferación de algas, retornan especies...».
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Pedro Brufao Profesor de Derecho Administrativo
«La Rioja carece de competencias para declarar BIC algo que está en aguas estatales»
No demoler la infraestructura implicaría que «España incurra en una infracción del ordenamiento europeo»
Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura y especialista en Derecho de Aguas y Ambiental, Pedro Brufao subraya la falta de todo amparo jurídico de la iniciativa del Ejecutivo regional de declarar Bien de Interés Cultural la presa de La Retorna.
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– ¿Cómo valora la incoación de expediente del Gobierno de La Rioja para declarar La Retorna como BIC?
– En lo estrictamente jurídico se trata de un ejercicio torticero e ilegítimo de competencias, como ha corroborado la jurisprudencia, incluso penal, en casos similares, cuando se aduce ilegítimamente unas competencias que no le son propias para evitar que otra Administración ejerza legítimamente las que sí le corresponden. La Rioja no tiene competencias en este caso y las utiliza para evitar las de otra Administración, ya que las de aguas corresponden a la Confederación Hidrográfica del Ebro. No tiene visos de prosperar.
– ¿Por qué?
– La Rioja carece de competencias para declarar BIC algo que se encuentra en aguas de competencia estatal. No entiendo por qué ha dado comienzo el proceso.
– La presa de La Retorna se encuentra en un paraje de la Red Natura 2000. ¿En qué influye?
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– Para las Administraciones es obligatorio cumplir el Plan de Conservación de la Red Natura 2000. Existe una directiva de hábitats que, de incumplirse, llevaría a España a incurrir en una infracción del ordenamiento europeo. En la resolución de extinción se alude a la protección de la Red Natura.
– ¿Quién debe asumir los costes de la eliminación de la presa?
– La empresa concesionaria cuando se extingue la concesión, como ordena la Ley. El mercado eléctrico está basado en la libre competencia. Si el Estado asume un gasto que le corresponde a una empresa privada podría considerarse una ayuda ilegal, encubierta. No se puede asumir un coste que debe afrontar otra entidad.
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– Y mientras se resuelve, ¿qué ocurre con el mantenimiento?
– Hay que hacerlo porque unas obras hidráulicas sin mantenimiento pueden degradarse rápidamente y resultar incluso peligrosas. Como mínimo, basándonos en antecedentes parecidos, podríamos hablar de unos 200.000 euros al año que no debe asumir la Administración ni el contribuyente, una vez decretada la extinción de la concesión, sino la empresa antes de la demolición.
Miguel García Manzanos Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos
«Es un ejemplo de los cambios que acontecieron en el país»
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha impulsado la declaración como BIC de la presa de La Retorna. Ya lo hizo con el viaducto de San Martín de Ortigosa y también considera que, en La Rioja, el puente Príncipe Pío Alfonso de Alberite y la presa de Añamaza de Cervera cuentan con un enorme valor patrimonial.
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– ¿Por qué impulsan la declaración de La Retorna como BIC?
– La consideración patrimonial de las obras públicas es todavía muy limitada. En este sentido, el Colegio lleva años incidiendo en la necesidad de la aprobación y puesta en marcha de un Plan Nacional del Patrimonio de la Obra Pública. En este caso, La Retorna es un claro ejemplo de los cambios acontecidos en todo el país, y particularmente en La Rioja, con la entrada del siglo XX: el auge de la demanda en la energía eléctrica ante una sociedad cada vez más industrializada y en búsqueda de una fuente alternativa ante la escasez del carbón. La Retorna es la única presa de arco gravedad existente en La Rioja.
– ¿Qué importancia tiene la figura de Carlos Fernández Casado?
– Es considerado uno de los más importantes ingenieros del siglo XX a nivel internacional y dedicó su vida al proyecto y construcción de estructuras de hormigón. Pese a mudarse a temprana edad, no olvidó sus raíces ni el amor por su tierra natal. Es buen momento para, ahora que se ha iniciado un proceso de denominación de calles, postular a Carlos Fernández Casado como candidato idóneo.
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– ¿Es factible mantener el uso de La Retorna, una vez extinguida la concesión?
– El Colegio persigue la protección del patrimonio de la ingeniería de caminos y no podemos entrar a valorar el actual régimen concesional. No obstante, la mejor manera de preservar el conjunto es mantenerla operativa.
Los Toranes, un antecedente con marcha atrás
En España se comienzan a multiplicar las extinciones de concesión de uso de aguas y serán más en el futuro próximo. Antes que La Retorna, por ejemplo, en Teruel se intentó preservar la presa de Los Toranes con algunos argumentos similares a los empleados para proteger La Retorna. El Gobierno de Aragón incoó en abril de 2021 un expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural, pero apenas dos meses después, dejaba sin efecto esa decisión tras el período de alegaciones y ante los informes recibidos. La instalación turolense, sobre la que pesa una orden de derribo, espera una sentencia judicial definitiva.
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