Casi mil riojanos esperan ser valorados o recibir las prestaciones de la dependencia

Más de 25.000 españoles, de los que 129 eran riojanos, han muerto en los primeros nueve meses de este año mientras esperaban a que las autoridades autonómicas respondiesen a su solicitud de recibir las prestaciones que prevé la ley de dependencia, las ayudas que necesitaban para poder ingresar en una residencia, acceder a un centro de día o recibir el apoyo y los cuidados que les permitiesen seguir viviendo en sus casas.

La mitad de estos fallecidos aún no sabían si tenían o no derecho a las prestaciones solicitadas, pero la otra mitad ya tenían reconocido desde hacía meses el derecho por parte de la administración, pero debido a las dilaciones nunca llegaron a disfrutar de las ayudas. Son 93 fallecidos a la espera de estos apoyos cada día de 2025 o uno cada 15 minutos, según recoge el último chequeo del funcionamiento del sistema de la dependencia realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Estos 25.000 decesos son la expresión más dramática del gran retraso y atasco que padece el sistema español de la dependencia, originado por los enormes recortes de fondos que acordó el Gobierno de Mariano Rajoy en la década pasada, pero aún sin resolver debido, fundamentalmente, a la insuficiencia de las inversiones públicas actuales, al crecimiento constante de las solicitudes de ayuda (por el envejecimiento acelerado de la población) y al exceso de burocracia para completar este proceso en muchas autonomías.

La plasmación más gráfica de este atasco es la lista de espera. Según la asociación de gestores de centros de servicios sociales, algo más de 280.000 españoles, que en el caso riojano es casi un millar (948) esperan a que las comunidades les comuniquen si tienen derecho o no a beneficios de la ley de dependencia o, lo que es peor, a que se materialicen unas ayudas que ya tienen concedidas. Más o menos la mitad de la lista está en una situación o la otra y habría 13.695 personas más en el limbo de la dependencia desde que comenzó 2025.

El Ministerio de Derechos Sociales, sin embargo, reduce la lista de espera actual a 174.406 personas, con un recorte además del 10% en el último año. La razón de la disparidad de cifras es que el ministerio solo cuenta a quienes llevan más de seis meses en espera (que es el plazo máximo que fija la ley para completar el proceso) y los gerentes, por contra, incluyen a todo el que tras presentar solicitud todavía no le han resuelto el expediente. En cualquier caso, incluso con la cifras más favorables de Derechos Sociales, al ritmo actual de reducción de la lista (sobre el 10%) harán falta no menos de diez años para que nadie tenga que esperar más de seis meses en la obtención de las ayudas.

En lo que no hay debate alguno es en que las autonomías cada vez tardan más tiempo en resolver y ejecutar las peticiones de ayudas a la dependencia que presentan los ciudadanos. El plazo medio para que el solicitante disfrute de la prestación pública a que tiene derecho era de 349 días en septiembre pasado. Es una espera quince días superior a la de hace solo un año. La espera riojana se encuentra por debajo de la nacional, dado que está en 213 días (7 menos que en 2024).

El lapso de tiempo en que el solicitante queda atrapado en este limbo de la dependencia vuelve a aproximarse a un año (once meses y quince días), una tardanza que prácticamente es el doble del máximo que admite la ley (seis meses). Se tarda unos ocho meses de media en decirle al ciudadano si tiene derecho a la dependencia y en qué grado de prestaciones y unos tres meses en que comience a recibir la ayuda.

Este enorme incumplimiento de los plazos de resolución que marca la ley es un mal demasiado generalizado, pero también es cierto que no es igual de grave en todos los puntos del país. Trece de las diecisiete autonomías superan el plazo de resolución legal de seis meses, pero el mayor escándalo se concentra en tres de ellas. Murcia y Andalucía, con tiempos de espera de un año y medio, y Canarias, con casi un año y cuatro meses. De hecho, solo cuatro comunidades cumplen con el mandato de la ley. Castilla y León y el País Vasco, que resuelven el trámite en unos cuatro meses, y Castilla-La Mancha y Aragón, que rondan los cinco.

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