La Diócesis lleva a la Consejería de Educación a los tribunales

Nuevo frente judicial para la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja. Apenas tres meses después de que el propio Ejecutivo hiciera público que había tomado la decisión de rescindir el convenio de cooperación sobre enseñanza de la religión y moral católica en centros docentes no universitarios que mantenía con la Diócesis, la Iglesia riojana ha decidido acudir a los tribunales e interponer un recurso contencioso-administrativo tanto contra dicha resolución unilateral del convenio como contra la resolución de 22 de enero de 2021 del Consejero de Educación que dejó sin efecto el nombramiento de la asesora de formación religiosa en el Centro de Innovación y Formación Educativa durante el presente curso escolar.

El pasado 22 de enero, un día después de que el sindicato ANPE denunciara que la Consejería no estaba cubriendo las bajas de los profesores de Religión, Educación remitió una nota en la que aseguraba que dicho acuerdo había caducado el 2 de octubre del 2020, después de 18 años de vigencia y renovación anual. Aseguraba Educación que el origen de esa extinción está en la entrada en vigor en el 2016 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico de Sector Público («promovida por el PP», apostillaba la Consejería) que vino a «poner fin a dichas prórrogas automáticas y llama a la obligatoriedad de negociarse y suscribirse nuevos convenios».

Además, desde el departamento de Pedro Uruñuela sostuvieron que «en reuniones posteriores entre ambas partes, una vez decaído dicho convenio, desde la Consejería se ha expresado la lógica necesidad de esperar al desarrollo normativo de la nueva Ley de Educación (LOMLOE) para definir, como no puede ser de otro modo, un nuevo marco de relaciones acorde a dicha Ley» y venía a acusar a la Diócesis de no tener interés en articular un nuevo acuerdo de colaboración: «Transcurridos los cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, la falta de adaptación a su contenido de este convenio determina obligadamente su extinción, no habiéndose expresado en ese tiempo desde la Diócesis un interés o sugerencia de trabajar en un nuevo convenio».

Cinco días después, la Diócesis, que continúa remitiéndose a los mismos argumentos, hacía pública su versión de los hechos asegurando que Educación no había actuado correctamente. Así, el Obispado apuntaba que la Consejería les convocó el 19 de enero para informarles de «la extinción inmediata del convenio, sin denuncia ni petición de actualización y sin previa reunión de la comisión de seguimiento bilateral para su revisión y adaptación antes del 2 de octubre de 2019, como decía la ley 40/2015 de Régimen Jurídico de Sector Público», la misma a la que Educación se remite para justificar la supresión del acuerdo.

«La Consejería nos respondió diciendo que no estaba entre sus prioridades», sostenía la Diócesis que recordaba también que «la suspensión unilateral sin previo aviso de un curso de formación ya convocado desde la Asesoría de Religión Católica, así como la anulación del programa de formación específica del Profesorado de Religión Católica del Centro de Desarrollo Profesional Docente que de forma ininterrumpida ha demandado cursos formativos, con una alta participación en cada una de sus convocatorias. Esta actuación unilateral vulnera el derecho a una formación permanente y específica de todo el profesorado que imparte esta materia educativa».

La Diócesis confiaba en aquel momento en «retomar la vía del diálogo institucional» al tiempo que se reservaba »las acciones legales pertinentes« en caso de que fueran necesarias, vía a la que finalmente ha recurrido.