El Defensor del Pueblo ya tiene casa

Esto en la teoría porque en la práctica, consultados los portavoces de los grupos parlamentarios, en estos momentos no hay ningún nombre sobre la mesa ni se ha avanzado sobre una cuestión que por ahora solo existe en papel. De hecho, la ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la de Acompañamiento del Presupuesto de La Rioja para 2020, levantaba la suspensión de esta institución y daba un plazo de un año, a contar desde el 31 de enero de 2020, para iniciar el procedimiento de elección de Defensor. Han pasado tres años y el Parlamento incumple la ley que votaron PSOE, IU y Podemos al no activar la elección del titular de este organismo, pero también el propio pacto de gobernabilidad que suscribieron las mismas formaciones.

Salvo las oficinas, que parecen tomar forma o al menos ubicación, la situación de la Defensoría, a cuatro meses de las elecciones, está en el mismo punto de partida que al inicio de la legislatura: sin candidatos. Durante este tiempo sí los ha habido, sottovoce, y algunos de ellos han sonado con fuerza, como es el caso de Concha Arruga, exconsejera del Gobierno riojano bajo el mandato de Pedro Sanz y actual profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Rioja.

La elección no parece fácil básicamente porque es necesario el apoyo de tres quintas partes del Hemiciclo, es decir, 20 votos, lo que implica que de no alcanzar un acuerdo unánime, no sería suficiente con el respaldo de los 15 diputados socialistas, el de la diputada del grupo mixto y el de la parlamentaria no adscrita Raquel Romero. El PSOE debería recabar el 'sí' o bien del PP o de los cuatro escaños de Ciudadanos.

A pesar de que en la práctica no existe la institución, lo cierto es que desde que se levantó su suspensión se ha venido aprobando una partida presupuestaria específica. También para 2023. De hecho, este año cuenta con 398.000 euros, 69.000 de ellos para la supuesta nómina del defensor.

En el grupo parlamentario socialista, su portavoz, Raúl Díaz, aseguraba ayer que, una vez esté la infraestructura, es el momento de sentarse y empezar a perfilar las características y composición de la Defensoría. Incluso antes de poner nombres entiende que sería más factible acordar cuál es el perfil adecuado.

Para entender la trascendencia de la figura que este Ejecutivo se propuso recuperar, es necesario saber cuál fue el propósito de su creación y su cometido. Este alto comisionado del Parlamento regional nació para proteger y defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y las libertades reconocidas en la Constitución, la tutela del ordenamiento jurídico de la Comunidad de La Rioja y la defensa del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Lo que en realidad vigila es la actuación de la Administración autonómica.

Con este propósito se creó en 2006 y entonces para el puesto se designó a María Bueyo Díez Jalón, abogada del Estado. A finales de ese mismo año tomó posesión hasta que en febrero de 2012 presentó su dimisión una vez concluido su mandato y agotado el plazo para la presentación de candidatos por parte de los grupos parlamentarios.

En septiembre de 2013, transcurrido un año y medio de la renuncia de la única titular –la oficina seguía tramitando denuncias y quejas a la espera de que el Parlamento nombrara sucesor– el PP presentó en la Cámara riojana una proposición de Ley para suprimir definitivamente la figura y anular la norma autonómica que la regulaba desde el año 2006. En octubre el BOR recogía la norma en la que se justificaba el fin de este órgano en la necesidad de «austeridad en la gestión de los dineros públicos, así como la búsqueda de una mayor eficiencia y la eliminación de duplicidades».