Una residencia de mayores en La Rioja, durante el mes de abril. Juan marín

Archivadas las denuncias de PP y Vox por la situación de las residencias durante la pandemia

La Fiscalía defendía el archivo de ambas querellas penales presentadas el pasado mes de abril tras entender que no había indicio alguno de actuaciones indebidas, dolosas o imprudentes

la rioja

Logroño

Martes, 6 de octubre 2020, 12:51

Las denuncias presentadas por el PP y VOX para depurar posibles responsabilidades penales por la situación vivida en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia del COVID-19 han sido archivadas, según han informado fuentes judiciales este martes.

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Las denuncias fueron presentadas por el PP el 8 de abril y por VOX el 20 de abril. El fiscal acordó la acumulación de ambas porque «abundaban en parecidos razonamientos». En su argumentación para reclamar el archivo de ambas causas, la Fiscalía señala que, practicadas las diligencias de investigación penal, «ni las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado confeccionaron atestado alguno en el que se detectase muerto o trato indebido sobre ninguna persona relacionada con el virus COVID-19». Añade, asimismo, que «la Consejería de Salud vino a remitir a esta Fiscalía cuantos informes le fueron solicitados, sin que se haya detectado actuación incorrecta alguna».

«Tampoco se ha detectado abandono alguno de su puesto de trabajo de ningún profesional sanitario, ni que esto hubiera supuesto una falta de atención a los residentes, teniendo en cuenta que las residencias nunca se han pretendido convertir en centros hospitalarios ni siquiera sanitarios de día», agrega el escrito de Fiscalía.

Y prosigue señalando que «tampoco se ha detectado ningún abandono de residentes en los centros hospitalarios, ni fallecimientos sin auxilio médico ni expulsiones de los hospitales de los más mayores necesitados de medicación».

De hecho, el escrito de la Fiscalía es tajante: «Ni el número de respiradores ni la priorización en su uso por le personal méidco suponen infracción alguna de carácter penal, ni mucho menos una posible sospecha de que pudieran ser autores de delitos de homicidios por dolo o imprudencia». Y culmina con un reproche velado por insinuar dichos hechos no constatados: «La mera posibilidad de acusación del personal resulta del todo punto improcedente, debiendo, por el contrario, resaltarse la gran calidad humana y profesional que han venido demostrado todos y cada uno de los responsables del cuidado y atención de los enfermos».

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El Gobierno de La Rioja lamenta «el uso partidista del COVID-19 de algunos partidos»

El Gobierno de La Rioja ha lamentado este martes «el uso partidista que algunos partidos han hecho de la pandemia de la COVID-19 y del dolor de tantas familias riojanas que han perdido a un ser querido» y ha reiterado que su toma de decisiones «se seguirá tomando exclusivamente con base científica, como así se ha demostrado».

En una nota que recoge Efe, se ha referido a que la Fiscalía de La Rioja ha archivado las denuncias presentadas por PP y VOX para que se investigara la situación de las residencias de personas mayores. El Gobierno de La Rioja ha considerado que «la gestión de las residencias de personas mayores está libre de cualquier sospecha», lo que entiende que avala la Fiscalía, en cuyo escrito señala que no ha detectado alguna actuación incorrecta de los informes remitidos por la Consejería de Salud.

El Ejecutivo regional ha recordad que su gestión en las residencias de personas mayores también ha sido avalada por el Defensor del Pueblo, que, en junio pasado, remitió un informe a entonces Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía.

El Defensor del Pueblo, en ese informe, aseguraba que La Rioja había aceptado y puesto en práctica las recomendaciones planteadas por esta institución en relación a la atención a los mayores en centros residenciales e información a sus familiares durante el estado de alarma.

A ello ha sumado que el Juzgado de lo Social número 1 de Logroño desestimó, también en junio último, la demanda presentada por CSIF contra la Consejería, dado que este órgano judicial entendió que sí se dotó a los trabajadores de los correspondientes equipos de protección.

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