La asistencia en residencias suma 380 empleos en cuatro años «pese a la escasez de personal»

El censo regional dibuja un panorama hacia el envejecimiento, y es que uno de cada cinco riojanos ya tiene más de 64 años, una proporción al alza por el aumento de la esperanza de vida y una menor natalidad que compense la pirámide demográfica. Esto conlleva, entre varios efectos, que el sector de los cuidados gane peso a todos los niveles. La Rioja cuenta con 36 residencias para mayores –solo dos de gestión pública–, un número que no deja de crecer de la mano de negocios privados para sumar un total de 3.720 plazas, de las cuales 1.956 son concertadas o públicas.

Inevitablemente, esta situación ha aumentado la demanda de empleo en el sector de los cuidados y la dependencia, que ha incorporado más de setecientos puestos de trabajo desde 2020. Según los últimos datos del Imserso, del tercer trimestre de este año, La Rioja cuenta con 2.265 personas trabajando en asistencia en residencias (380 más que hace cuatro años) y 1.613 en servicios sociales sin alojamiento (350 más). Estos números incluyen también a discapacidad y enfermedad mental, entre otros, pero el grueso de los puestos son destinados a la atención a mayores.

Pese a la importancia social del sector y la repercusión que seguirá ganando en el futuro, las condiciones de sus trabajadoras (el 88% son mujeres) parecen muy lejanas a esa valoración y eso está provocando una agravada escasez de mano de obra, recalcan los agentes del sector. Según tablas salariales publicadas en 2023 (que actualizan las del caducado convenio colectivo), una gerocultora o auxiliar cuenta con un sueldo base mensual de 1.134,50 euros, es decir, el salario mínimo interprofesional. De hecho, las últimas subidas en la nómina de esos niveles más precarios del sector han llegado impulsadas por las subidas del SMI. Hace cinco años se movían entre 893 y 985 euros. En el caso de la ayuda a domicilio, la situación es similar, con un sueldo base de 1.166 euros mensuales para esos puestos.

Esas bajas retribuciones se suman, según denuncian los sindicatos, a una alta carga de trabajo a todos los niveles. «La gente no quiere trabajar en el sector porque esto te destroza física y psicológicamente, la falta de gerocultoras está haciendo mella y es un problema que la patronal no se toma en serio», expone Carmen Martínez, secretaria de sanidad de CC OO La Rioja. «Hay una carga excesiva de trabajo, que ha ido a más en los últimos años, y quien puede huye del sector», añade. En similares términos habla Dari Saiz, secretaría de sociosanitarios de UGT La Rioja, que incide en que «los ratios están bajo mínimos y se cumple en plantilla pero no se completan cuando hay bajas, vacaciones, permisos...».

Sobre este asunto, Gabriel Gimeno, presidente de la Asociación Riojana de Residencias de la Tercera Edad (ARTE), reconoce que «por regla general se están cumpliendo los ratios pero cuesta mucho y hay excepciones porque tenemos un absentismo muy alto, rozando el 20%». Esta situación la justifican los sindicatos en «una presión que machaca a las trabajadoras». «En algunas residencias para 50 personas tienes 3 o 4 auxiliares que tienen que levantar, acostar, limpiar, hacer camas, dar de comer... es normal que haya muchísimas bajas», señala Carmen Martínez (CC OO), mientras alude a que «hay problemas constantes porque las mutuas no reconocen enfermedades profesionales en este sector». «Hay que cuidar al cuidador, no puedes dar la calidad que merece el residente con trabajadores quemados», incide.

Desde la patronal, Gabriel Gimeno reconoce que «existe una escasez de personal que va a ir en aumento, ahora es aguda en los puestos sanitarios pero llegará a todos por lógica, ya que cada vez hay más usuarios», subrayando que «no es un sector atractivo, es un trabajo duro y hay alternativas mejor pagadas». Ante las demandas de mejora de esas condiciones, Gimeno defiende que «como empresas deberíamos contribuir a dignificar el sector pero es necesaria una mayor financiación desde la administración, las plazas residenciales están mal dotadas económicamente y el margen de maniobra que queda a las empresas es reducido».

«Las comunidades vecinas están mucho mejor pagadas. Si tienes una residencia en Oyón o en San Adrián en la que cobra más pues te vas a trabajar allí», comenta al respecto Dari Saiz (UGT). Por ejemplo, según el convenio de Vizcaya, una gerocultora gana al mes 500 euros más que en La Rioja. Precisamente, desde los sindicatos resaltan el «bloqueo patronal» para la renovación de un convenio caducado desde 2020 e incluso denuncian que «hay empresas que no están aplicando la subida del IPC pactada para un salario que es mínimo». «Las negociaciones continúan paralizadas, se propuso una plataforma a la que no han respondido», señala Saiz, que considera «fundamental el desatasco en la negociación para mejorar las condiciones de las trabajadoras». «Nosotros hemos convocado muchas veces la mesa de negociación y las reuniones son constructivas, pero chocamos con el muro de la financiación», responde Gimeno por la patronal.

Esther Tobías, trabajadora desde hace 22 años en la residencia de personas mayores El Sol de Logroño, define la situación como «catastrófica». Para ella, «la problemática es multifactorial», incidiendo en que «recibimos a grandes dependientes, con más necesidades de intervención, pero trabajando las mismas y sin aumentar el ratio; las condiciones del convenio nos hacen ser trabajadoras pobres y seremos jubiladas pobres; y no se reconocen las enfermedades derivadas de nuestras funciones, que afectan especialmente a trastornos musculoesqueléticos».

Esta empleada de la residencia logroñesa señala que «si el trabajo antes era lesivo y cansino ahora se precariza mucho más porque no encuentran personal para cubrir cualquier contingencia, nadie viene a trabajar porque es muy duro, está mal pagado y la conciliación brilla por su ausencia». «Para las que estamos, existe un desgaste porque la carga física, mental y emocional es tremenda. La mayoría va a trabajar tomando analgésicos y/o antiinflamatorios», añade.

Esther Tobías se muestra muy crítica por «cómo han empeorado las condiciones» y de qué manera esto puede repercutir en el servicio que se ofrece a los usuarios. «El sector está deshumanizado completamente, no podemos dedicar el tiempo y la atención requerida a los residentes porque las necesidades son muchas y nuestras manos, pocas. Además, contamos con unos medios materiales obsoletos e insuficientes».

No augura Tobías una solución para la escasez de personal dada esta situación:«Empresas y Servicios Sociales deberían tener claro que si no cambian el sector nadie va a querer trabajar a ningún nivel. Los cuidados están mercantilizados y mientras que el negocio y las cuentas de resultados sigan estando por encima del bienestar y las necesidades de los usuarios y los derechos de los trabajadores todo va a seguir igual».

logroño. La ayuda a domicilio es uno de esos recursos que resultan vitales para tantos mayores y sus familias, pero las problemáticas son comunes a todo el sector e incluso, según relatan afectadas, peores. «Hay muchas jornadas parciales, te mandan de un sitio a otro, tienes un horario con el que es imposible conciliar, está mal pagado..., luego que no encuentran personal, pues es lo normal», señala Carmen Sánchez, trabajadora de ayuda a domicilio desde hace 21 años.

Para Carmen Sánchez, una de las principales carencias que encuentran es que «algunos ayuntamientos y empresas no tienen claro cuál es nuestro trabajo y los usuarios piensan que somos empleadas del hogar, que vamos a sus casas a limpiar». «Por fortuna, en los últimos años hemos mejorado un poco pero ha habido que pelearlo mucho», añade. Su trabajo está plenamente relacionado con la atención personal y el acompañamiento en las actividades básicas de la vida diaria y por ello opina que «debería incidirse más en el cuidado de la persona».

Esta trabajadora asume que «todavía queda por hacer en este servicio, para empezar, tendría que estar mucho mejor valorado económica y socialmente por parte de las instituciones». Además, señala que «no contamos con la formación» para tratar con ciertos casos relacionados con la salud mental con los que deben lidiar en su servicio.

Por su parte, sobre la situación de la ayuda a domicilio, Dari Saiz, de UGT, denuncia que «con el precio por hora bajo mínimos, las Administraciones contratan empresas que solo buscan ganar dinero a costa de las trabajadoras y usuarios sin respetar las condiciones mínimas». «Muchas de estas compañías –agrega– tienen antecedentes de denuncias en inspecciones de trabajo por pagar tarde los salarios o no abonar el kilometraje y, sin embargo, se les sigue permitiendo acceder a los concursos públicos».