Priorizar el acceso al empleo y la vivienda, entre las propuestas de Cáritas de cara al 28M

Con motivo de las próximas elecciones municipales y autonómicas, Cáritas La Rioja ha organizado -la mañana de este jueves- un encuentro con partidos políticos para presentar una serie de propuestas que contribuyan a «crear una sociedad más justa». En total, siete sugerencias dirigidas a reducir la desigualdad y la pobreza y a aumentar el bienestar de la sociedad de forma simultánea. Mejorar el acceso al empleo y a la vivienda para las personas más vulnerables son dos de las propuestas más destacadas.

«Con estas medidas queremos apelar al compromiso de los partidos para que pongan en el centro de sus políticas a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, articulando respuestas cercanas, eficaces y de calidad a sus necesidades», ha explicado Fernando Beltrán, director de Cáritas La Rioja, acompañado por José Andrés Pérez, delegado diocesano de Acción Caritativa y Social, y Juan Antonio Meléndez, coordinador general de la entidad social.

Las medidas de Cáritas surgen de dos principios fundamentales: la dignidad de las personas y sus derechos -que siempre deben ser garantizados por los Gobiernos- y el bien común que debe orientar dichas políticas. Acciones «fundamentales» que se deben hacer, a juicio de Beltrán, «de forma coordinada con todos» porque solo así «verdaderamente ayudaremos». Por ello, asegura, «tenemos que dar un paso más».

Desde Cáritas proponen implementar un sistema de garantía de ingresos mínimos que cumpla los requisitos básicos de cobertura, garantizando un nivel de vida adecuado y abarcando a toda la población en situación de pobreza extrema. Para lograrlo, consideran necesario «aumentar significativamente las cuantías y el volumen de las prestaciones, además de facilitar el acceso y los trámites burocráticos». Asimismo, estiman necesario que La Rioja proporcione apoyo y acompañamiento personalizado, orientado a promover la inclusión social y laboral de las personas en situación de riesgo de exclusión.

También proponen priorizar el empleo, poniendo en el foco a las personas que llevan más tiempo en el paro y que tienen más dificultades para acceder a él. Por ello, exigen potenciar itinerarios de inclusión socio-laboral, con programas formativos adaptados a los perfiles de esos colectivos; fomentar las empresas de inclusión; crear una normativa que facilite el acceso rápido a rentas de garantías de ingresos con la entrada y salida del mercado laboral; desarrollar mercados de trabajo en las zonas rurales, escasamente pobladas o en riesgo de despoblación; así como poner en marcha un diálogo con las entidades del tercer sector especializadas en la intervención social con colectivos vulnerados, como puede ser la Fundación Cáritas-Chavicar.

En relación a este punto, Cáritas propone implementar una serie de medidas para abordar la problemática de la vivienda. En primer lugar, considera fundamental conocer y aumentar el parque público de vivienda, especialmente aquél destinado a alquileres sociales para personas en situación de vulnerabilidad, así como aumentar el parque de vivienda pública destinado al alquiler. Además, cree necesario ofrecer alternativas habitacionales para las familias y personas que residen en infraviviendas, a través de programas de alquiler social y, en los casos de desahucio, proporcionar una alternativa habitacional.

En cuanto al alquiler para habitaciones -que no reciben o reciben pocas solicitudes- Cáritas plantea eliminar el requisito de contrato compartido, ya que en estos casos no se cumplen las condiciones necesarias para su aplicación. Por último, reclama la contratación de profesionales especializados en el ámbito social, como trabajadores, educadores e integradores sociales, que puedan brindar un acompañamiento efectivo a estas familias.

Con el fin de defender el derecho universal a la salud, la entidad exige promover políticas de promoción de la salud, especialmente dirigidas a los colectivos más vulnerables: jóvenes y menores, personas con problemas de salud mental e individuos con adicciones. Asimismo, aboga por la sensibilización, la prevención integral y el acceso a tratamientos de calidad, imprescindibles para alcanzar una sanidad pública de calidad.

Con el fin de prevenir la vulnerabilidad derivada de la irregularidad, Cáritas propone asegurar el acceso al Padrón Municipal, a la par que esperan que los ayuntamientos cumplan estrictamente con las disposiciones establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local, especialmente en lo que respecta al empadronamiento de ciudadanos extracomunitarios.

Además, la organización incide en la implementación de un paquete de derechos básicos de la ciudadanía local, que incluya «temas de garantía de ingresos, vivienda, salud y educación, que garantice a los inmigrantes en situación administrativa irregular el acceso a estos derechos en igualdad de condiciones».

Los artículos 103 y 106 de la Constitución Española colocan a las personas administadas y a sus derechos en el centro en lo que respecta a la actividad de las administraciones públicas y a su procedimiento administrativo. Partiendo de esto, Cáritas recuerda e incide en el deber de las Aministraciones Públicas por garantizar el derecho de todas las personas a elegir si se comunican con ellas a través de medios electrónicos o no para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Asimismo, recuerda que las autoridades autonómicas deben velar por la flexibilización y simplificación de los procesos administrativos, eliminando la excesiva burocratización que viene caracterizando desde hace años estos procedimientos. Finalmente, destaca la necesidad de una mayor transparencia y accesibilidad a los datos, con el objetivo de que «faciliten un mejor diagnóstico de la realidad y permitan planificar y evaluar las políticas públicas y la intervención social».

Para abordar este punto, Cáritas solicita un incremento del presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), con el fin de que «se aproxime progresivamente al compromiso internacional del 0,7% de la Renta Autonómica Bruta».

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