Retos de la vivienda para personas con discapacidad

Partiendo de la premisa de que es el entorno el que hace discapacitadas a las personas, tanto el sector de la construcción como las Administraciones tienen por delante el desafío de convertir el derecho a la vivienda en una realidad accesible e inclusiva para las personas con discapacidad, tanto motora como psíquica o sensorial.

Según la última encuesta sobre discapacidad en España del Instituto Nacional de Estadística, que se remonta a 2008 y que el INE prevé actualizar este año, en 3,3 millones de hogares de nuestro país residía al menos una persona con discapacidad, el 20% del total. Una cifra que refleja la magnitud de este colectivo tan heterogéneo que encuentra en muchas ocasiones una importante dificultad en el acceso a una vivienda accesible.

En el caso de las personas con discapacidad, la vivienda no es solo condición para poder emprender un proyecto de vida, sino que también influye en la autonomía de la persona, con todas las ramificaciones materiales, psicológicas y humanas que conlleva.

Hasta la fecha, las políticas públicas y privadas de vivienda para personas con discapacidad se han centrado en el establecimiento de cupos de inmuebles en las promociones de viviendas con protección, en la accesibilidad básica de los edificios y en una adaptación de los inmuebles pensada especialmente para las personas con movilidad reducida.

Con motivo del Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reivindicó, el pasado 3 de mayo, medidas que permitan su acceso a una vivienda accesible, asequible e inclusiva.

Entre las medidas que solicitan se encuentran la inclusión de información en el Registro de la Propiedad sobre la accesibilidad de los edificios, fondos públicos para la rehabilitación de edificios o para programas de accesibilidad universal y la creación de fórmulas de viviendas comunitarias.

Desde el punto de vista del diseño, los retos en materia de vivienda para personas con discapacidad parten de una universalización de criterios como la optimización de los espacios para evitar las zonas estrechas, evitar en la medida de lo posible los ángulos y proporcionar estancias amplias que permitan la movilidad y la autonomía.

Las soluciones adaptadas, especialmente, en baño y cocina, con accesibilidad a cada elemento y electrodoméstico, la automatización de las puertas y la seguridad de los suelos son otros de los principios básicos para la adaptación de los inmuebles a las personas con discapacidad, siempre partiendo de las necesidades concretas de cada persona.

Es ahora cuando algunos proyectos pioneros comienzan a aplicar la idea de crear viviendas accesibles e inclusivas para todo tipo de usuarios, con modelos de viviendas comunitarias adaptadas a personas con cualquier tipo de discapacidad.

Estos proyectos van más allá de los principios básicos de accesibilidad y emplean, por ejemplo, la domótica para crear soluciones pensadas para las habilidades de cada individuo, además de buscar diseños alejados de la apariencia de centro sanitario de algunas viviendas adaptadas y proporcionar una sensación de hogar.

Estas viviendas están pensadas, además, para evitar el deslumbramiento que puede afectar a personas con determinadas enfermedades mentales, mediante la búsqueda de espacios de sombra y de colores homogéneos; para hacer de los dormitorios de las personas encamadas espacios cómodos de encuentro o para facilitar la colocación de grúas que permitan la transición de la habitación al baño.

En lo que respecta a las políticas públicas de vivienda para personas con discapacidad, la legislación contempla la obligación de reservar a este colectivo el 4% de los inmuebles. Sin embargo, en la práctica, quienes requieren de una de estas viviendas se encuentran con una serie de condicionantes que les dificultan a acceder a una.

Por un lado, la discapacidad está unida, generalmente, a unas mayores dificultades económicas, a lo que se suma la falta de ayudas a la compra de vivienda para las personas con discapacidad. Además, la normativa no permite el acceso a estas viviendas a personas que ya dispongan de una casa en propiedad, lo que las deja fuera del alcance de las personas en esa circunstancia con una discapacidad recién adquirida.

La falta de difusión de las viviendas públicas disponibles y la ubicación periférica de este tipo de promociones, que dificulta la movilidad de las personas con discapacidad, influyen también de forma negativa en sus opciones de solicitar uno de estos inmuebles.

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