El ingreso mínimo vital reduce la probabilidad de trabajar un 12%

La penúltima evaluación -en 2026 se producirá la última opinión- revela que el IMV reduce la probabilidad de trabajar entre los perceptores en un 12%. Un mal que también se da «en mayor o menor medida en el resto de países», pero que no deja de ser un problema. A finales de 2022 el Gobierno trató de revertir la situación al permitir a estos perceptores compaginar la prestación con un empleo y «aumentar sus ingresos» -defendió José Luis Escrivá en la defensa del real decreto en 2022-. En 2023 el Gobierno aprobó el llamado incentivo al empleo del IMV para, por un lado, mejorar los ingresos y, por otro, reducir ese desincentivo. Sin embargo, el porcentaje permanece invariable, según los datos de la Airef. Esta cifra se dispara hasta el 20% en el caso de las prestaciones más altas, los hogares monoparentales y los más jóvenes. «No se ha conseguido eliminar ese efecto desincentivador y no se ha mostrado eficacia de este mecanismo», destacan los responsables de la Airef.

Fuentes de este organismo aseguran que el departamento de Elma Saiz defiende que esta medida «lleva poco tiempo y hay que darle más rodaje»; sin embargo, Herrero defiende que «los problemas de diseño son los causantes».

No obstante, el IMV y este incentivo aumenta la probabilidad de tener un contrato indefinido entre los beneficiarios y también aumenta el salario mínimo a partir del cual un empleado estaría dispuesto a aceptar un trabajo. Además, también facilita el rechazo de los empleos precarios y permite búsquedas laborales más selectivas. Todo ello no impide, según las conclusiones de la Airef, que se revise la totalidad del diseño porque «utiliza una información fiscal desfasada y no tiene elementos que fomenten que se incorporen antes al mercado laboral y tampoco tiene una duración determinada».

La Airef también centra su análisis en el tiempo de permanencia en la prestación. Según sus datos, el 90% de los beneficiarios recibe la prestación más de 12 meses, baja al 75% a los dos años y cae hasta el 60% a los tres ejercicios.

El organismo presidido por Herrero también destaca que en los últimos años la tasa de potenciales perceptores de esta ayuda, tanto IMV como complemento de ayuda a la infancia (CAPI), se mantiene en porcentajes elevados aunque invariables en el 55% para el IMV y el 72% para el CAPI. «Hay todavías muchas barreras administrativas que impiden el acceso a estas ayudas. Es necesaria una reformulación», destacó Herrero. De hecho, en una de sus cinco propuestas, Herrero traslada al Ejecutivo que el CAPI se ha de otorgar de oficio unido al Registro Civil.