Bruselas desembolsa a España 23.100 millones del quinto pago de los fondos europeos

Entre ellas, la subida del impuesto al diésel y la digitalización de entidades locales (por las que se restan unos 500 millones), además de la destinada a atajar la elevada temporalidad de la Administración Pública. En concreto, Bruselas ajustó más de 626 millones de euros abonados ya como parte del primer pago por el fracaso del Gobierno a la hora de reducir esa temporalidad, que se mantiene en tasas cercanas al 30%, más de tres veces por encima del 8% comprometido pese a haber convertido en fijos a más de 365.000 trabajadores públicos eventuales.

«España está adoptando las medidas necesarias para corregir la situación derivada de la reversión de uno de los hitos vinculados a la reforma de la temporalidad en el empleo público, contando con un plazo de seis meses para su resolución», señala el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Del mismo modo, la difícil aritmética parlamentaria para alcanzar un acuerdo sobre la impopular tasa al diésel -que según las estimaciones iniciales implicaría una subida de 9,36 céntimos por litro, que superaría los 11 euros si se aplica el IVA suponiendo un alza de 5 euros de media para llenar el depósito- ha penalizado al país para recibir todo lo pactado.

Pese a ese bloqueo, el Gobierno se muestra satisfecho y trabaja ya en la solicitud del sexto tramo de este histórico plan de inversión pública que, según han confirmado, «requerirá una revisión en profundidad del Plan de Recuperación para adaptar su diseño al tramo final del Mecanismo y asegurar su ejecución hasta el cierre, previsto para el 31 de diciembre de 2026». Es decir, se tendrán qu eadaptar algunos parámetros inciciales como ha ocurrido en otros pagos.

Aunque no está confirmado, fuentes consultadas apuntan a que estas modificaciones irían encaminadas, entre otros aspectos, a la posibilidad de acceder al pago de subvenciones del fondo de recuperación usando las reformas e inversiones que se exigían en un principio para acceder a la parte de préstamos.

«Este proceso implicará un esfuerzo coordinado de todos los organismos ejecutantes, que continuará durante el mes de agosto y los próximos meses, con el objetivo de culminar con éxito la ejecución de uno de los mayores planes de inversión pública de la historia reciente», señalan desde Moncloa.

De momento, el quinto tramo ya recibido se utilizará para proyectos de impulso a las energías renovables, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de la justicia. Las partidas se invertirán igualmente en la red de transporte ferroviario de corta distancia y reforzarán la resiliencia de la ciberseguridad.

Las subvenciones netas se utilizarán a proyectos como la modernización del sistema ferroviario, la digitalización de las pymes, el refuerzo de las políticas de empleo, la transición energética, o la construcción de vivienda pública, uno de los grandes objetivos del Gobierno ante el grave problema de déficit de oferta actual.

Por otro lado, los 16.000 millones de euros en préstamos «permitirán seguir desplegando los fondos en ámbitos estratégicos como la política de vivienda, la industria verde, la movilidad sostenible o el impulso a la ciencia y la innovación», indica el Ejecutivo.

Este pago sitúa a España como uno de los países más avanzados en la ejecución del plan de recuperación, representando ya el equivale en torno al 1,5% del PIB español. En total, se han recibido ya más de 55.000 millones de euros en transferencias, lo que representa el 70% del total previsto y sitúa al país como el primero de la UE en volumen de fondos no reembolsables recibidos, por delante de Italia y Francia.

El pago se ha realizado tras la presentación por parte de España de su quinta solicitud de pago el 19 de diciembre de 2024, que incluía 69 hitos y objetivos asociados a reformas e inversiones clave en ámbitos como la educación, la justicia, la transición ecológica, las energías renovables, las infraestructuras y el apoyo a las pymes.

Entre los avances validados por la Comisión destacan la aprobación de la nueva Ley de Universidades, la dotación de 50.000 plazas de Formación Profesional, la entrada en vigor de leyes clave para modernizar la justicia, la restauración de ecosistemas, la aprobación de una nueva Ley de Aguas, el impulso al hidrógeno verde o inversiones en vivienda social, red ferroviaria y regadíos sostenibles. Además, se ha validado el cumplimiento del hito pendiente del cuarto pago vinculado al programa 'Kit Consulting', lo que permite desbloquear otros 139 millones de euros.