Vox denuncia al Ayuntamiento de Calahorra ante la Fiscalía por «prevaricación» por una deuda de un concejal en la oposición

En concreto, según dice que ha podido comprobar este partido, el Ayuntamiento de Calahorra aprobó un decreto por el que se ordenaba expresamente la reclamación judicial de una deuda superior a 23.000 euros derivada de los servicios prestados en la residencia municipal San Lázaro. Sin embargo, pese al mandato recogido en ese decreto, «las acciones legales no se ejercitaron en tiempo y forma, comprometiendo así la recuperación de ese dinero que pertenece a todos los calagurritanos».

Pero «lejos de tratarse de un error», Vox denuncia que «todo apunta a un pacto oculto entre responsables políticos y técnicos municipales, encaminado a frenar la reclamación para proteger intereses particulares y asegurar apoyos políticos en votaciones clave del Pleno».

Esta situación, a juicio de Vox, «podría encajar claramente en un supuesto de prevaricación por omisión deliberada de obligaciones legales».

«Es indignante que a cualquier ciudadano no se le escape ni una tasa de basuras o un recibo de agua sin reclamar, pero cuando la deuda viene de un concejal parece que al Ayuntamiento se le olvida», denuncia la portavoz de Vox, que no identifica en la nota de prensa al concejal al que se le habría reclamado la deuda. Puesto en contacto este periódico con Arnedo, ha señalado que «por cautela judicial» no puede de momento revelar la identidad, pero que se trata de «un concejal de la corporación actual y que no es del mismo color político que el equipo de Gobierno».

Por otra parte, Vox denuncia «las enormes dificultades encontradas» para acceder a la documentación del expediente. «Durante meses se sucedieron dilaciones, negativas y bloqueos injustificados, que sólo se resolvieron tras insistentes reclamaciones, dejando en evidencia la opacidad del actual equipo de gobierno», asegura.

De otro lado, asegura que «lo sucedido no puede quedar impune». «Permitir conscientemente la pérdida de más de 23.000 euros de dinero público en beneficio de intereses políticos y personales es un escándalo intolerable, que debe investigarse hasta las últimas consecuencias», sostiene.

«Cuando se trata de un ciudadano normal, el Ayuntamiento va hasta el final; cuando se trata de políticos con poder, se mira hacia otro lado. Eso no es negligencia, eso es prevaricación», ha subrayado la portavoz.

Por ello, Vox reclama a la Fiscalía que depure responsabilidades, tanto políticas como técnicas, y que determine si la inacción del Ayuntamiento constituye un delito de prevaricación u otros ilícitos penales.

Con esta acción, Vox reafirma su lucha en la defensa del interés general, la transparencia y la lucha contra las redes de clientelismo que han degradado la vida política municipal. «No vamos a consentir pactos en la sombra ni favores a cambio de votos. Calahorra no se merece esta política de compadreo. La ley es clara y se tiene que cumplir», ha concluido Arnedo