La Fiscalía riojana niega presiones y asegura que pidió seguir investigando el caso Villamediana

La Fiscalía Superior de La Rioja, encabezada por Enrique Stern, máximo responsable del Ministerio Público en la región, salió ayer al paso de la información publicada por el Diario El Mundo en la que se apuntaban órdenes de la Fiscalía Superior del Estado con el objetivo de paralizar la investigación de las presuntas irregularidades urbanísticas en 69 parcelas ubicadas en el municipio riojano de Villamediana, entre las que figura el chalé del expresidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz.

«En esta Fiscalía Superior no se ha recibido en ningún momento ni en forma alguna ni orden ni indicación ni por parte de la Fiscalía General del Estado ni por ninguna otra persona o institución, sobre las Diligencias Previas 498/15 ni 918/16 del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño referentes a la investigación de las construcciones en suelo rústico del municipio de Villamediana de Iregua», apuntaba Enrique Stern en un inusual comunicado que él mismo envió a los medios desde su correo electrónico personal.

Negando la mayor, las presuntas presiones recibidas desde Madrid para, siempre según la versión publicada por el Diario El Mundo, cambiar la orientación de un informe del fiscal encargado del caso -Luis María Fernández Gómez de Segura- Stern recuerda que el Ministerio Público no solo no ha intentado frenar la investigación del presunto delito urbanístico que hayan podido cometer tanto Pedro Sanz como otros 68 propietarios, sino que la alentó. «Frente al auto de incoación del procedimiento 918/116, el Ministerio Fiscal se mostró partidario de su investigación», dice Stern, que explica en su comunicado que la Fiscalía únicamente aceptó una de las alegaciones del exalcalde de Villamediana Tomás Santolaya, la que hacía referencia a investigar a quienes dieron su visto bueno al Plan General Municipal (PGM) de Villamediana en el 2013 y que vino a legalizar tanto el chalé de Sanz como las otras 68 construcciones a priori ilegales. Así, dice Stern que la Fiscalía se adhirió «únicamente de manera parcial al recurso interpuesto por la defensa [de Tomás Santolaya] en el sentido de no observar infracción alguna ni en los concejales de la Corporación, ni en la COTUR, solicitando expresamente la desestimación del resto de los motivos del recurso».

De esta manera, Stern viene a recordar que el archivo del caso no es responsabilidad del Ministerio Fiscal sino del magistrado José Carlos Orga, titular del Juzgado número 3. Orga, el pasado 23 de enero y apartándose del criterio de la Fiscalía, estimó el recurso del exalcalde de Villamediana contra otro auto judicial [del 20 de octubre del 2016 y firmado por Rosa Esperanza Sánchez, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño] que ordenó investigar el posible delito urbanístico en 69 parcelas de Villamediana, entre ellas la del expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, y lo revocó. «En estos momentos, la resolución judicial de sobreseimiento se encuentra recurrida por el citado Ayuntamiento, pendiente de estudio por esta Fiscalía», dice Stern que recuerda que la Fiscalía «actuará, como siempre ha hecho, conforme a los más estrictos criterios de legalidad y sin otro sometimiento que el cumplimiento de la Ley».

La opinión de la Fiscalía

En ese informe en el que, defiende Stern, la Fiscalía solicitó al juez instructor que diera continuidad a la investigación, el fiscal aborda los cuatro puntos en los que basó su recurso el exalcalde de Villamediana. Por un lado, la vulneración del derecho a un juez imparcial. El informe desestima el argumento y sostiene que «la decisión de la Instructora no resulta inmotivada ni carente de fundamento y se apoya en fuentes de prueba lícitas y consistentes» que le llevaron a considerar que el Ayuntamiento de Villamediana o la COTUR podrían haber infringido una norma legal. Además el fiscal, citando la memoria del PGM, apunta que se realiza «una suerte de amnistía urbanística». También alegó Santolaya que el procedimiento se había convertido en una causa general, algo que rechaza el fiscal al entender que «los hechos objetos de investigación están perfectamente delimitados». Lo anterior daría pie tanto a imputar a los propietarios que han hecho obras ilegales como a los responsables del control de esas ilegalidades que eludieron sus responsabilidades.

Así, después de considerar que, la posible prescripción de los nuevos delitos urbanísticos apreciados solo podrá concretarse una vez que sean identificadas las construcciones ilegales y los presuntos responsables, recuerda a Santolaya que los posibles delitos cometidos no desaparecen porque, posteriormente, ese suelo sea calificado como urbanizable.

El fiscal, en el último punto, estima la alegación del exalcalde de Villamediana y considera que no se debe actuar penalmente contra quienes aprobaron el PGM (concejales y miembros de la COTUR), «no porque considere que no hay indicios de la comisión de este delito, sino porque los existentes no son suficientes para ordenar la investigación penal».