Un auto con trascendencia
Rubén Gutiérrez, del PP, perdió la Alcaldía en una moción de censura tras conocerse la investigación ordenada contra los concejales del PP
José Antonio Del Río
Jueves, 26 de enero 2017, 09:26
La trascendencia del auto del juez José Carlos Orga, titular del Juzgado de Instrucción número tres de Logroño, que estima el recurso planteado por el exalcalde de Villamediana Tomás Santolaya, estriba en que zanja, al menos de momento, el primer intento habido para sustanciar en sede judicial la ilegalidad del chalé que el expresidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, tiene en Villamediana de Iregua y sobre la que el auto ahora revocado había ordenado abrir una investigación
La redactora del auto revocado fue la jueza Rosa Esperanza Sánchez, que precedió a Orga en la titularidad del Juzgado número tres y que en el mes de octubre pasado ordenaba investigar por un posible delito urbanístico a los promotores de las edificaciones de 69 parcelas del 'Sector Diseminado 1,2,3,4 y 5' del vigente Plan General Municipal (PGM) de Villamediana, zona en la que se encuentra el chalé de Sanz. En el mismo auto, la jueza pedía, además, instruir una nueva causa por un posible delito de prevaricación contra el exalcalde de Villamediana, Tomás Santolaya, y siete concejales (seis del PP y uno del PR+) que en el pleno del 2013 votaron a favor del PGM que legalizaba estas construcciones. No quedaba aquí la voluntad de la ponente, que entendía que también los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja que aprobaron el PGM villametrense objeto de sospecha pudieron haber incurrido en el mismo delito.
La estimación del recurso por parte del juez Orga, sin embargo, no resuelve ni zanja el asunto. El Ayuntamiento de Villamediana, personado en la causa hace sólo unos días, ya anunció anoche su intención de recurrir el fallo. Un recurso que será de apelación y sobre el que tendrá que pronunciarse esta vez la Audiencia Provincial de La Rioja, que será la que, en definitiva, dará la razón a la jueza Sánchez o al juez Orga. Y es que aunque los recursos de reforma han de interponerse ante el mismo juez que hubiere dictado el auto y que éste es el competente para resolverlo, en este caso han sido dos titulares distintos de un mismo juzgado los que han intervenido.
Pero este embrollo judicial no alcanza, al menos hasta el momento, la trascedencia de las consecuencias que la investigación (imputación) ordenada en octubre ha provocado en el escenario político de Villamediana.
El pasado 2 de enero, los votos de los grupos municipales del PSOE, Ciudadanos e IU desbancaban de la Alcaldía mediante una moción de censura al popular Rubén Gutiérrez en beneficio de la socialista Ana Belén Martínez que, en un más que acalorado pleno, defendió la «legalidad, legitimidad y necesidad ética» de la medida.
A la censura se llegaba después de que Ciudadanos, a principios del pasado diciembre, rompiera el pacto de gobernabilidad que facilitó la Alcaldía de la localidad al PP. Ciudadanos modificaba su apoyo tras trascender el auto que ordenaba investigar a cuatro de los cinco ediles del hasta entonces equipo de gobierno popular de Villamediana (entre ellos, Rubén Gutiérrez) por votar a favor del PGM que suponía la legalización de una serie de viviendas ubicadas en suelo no urbanizable, entre ellas la del expresidente Sanz.
Se trataba, claro está, del mismo auto que ahora acaba de dejar sin efecto otro juez.
