Aparcados camino de los tribunales

Años de idas y de venidas, de reuniones formales y encuentros informales, de vueltas y más vueltas, de comunicaciones con la Administración y escritos con los administradores, de rodeos y más rodeos... en definitiva, años de compromisos incumplidos una y otra vez y de buenas palabras que, con el paso del tiempo, han resultado no ser tales. Hoy, cansados de unos y de otros, piden hechos. Es más, los exigen. Y además lo hacen por la vía judicial...

Centenares de logroñeses ya han iniciado, están en ello o estudian emprender acciones legales por los mil y un quebraderos de cabeza que les supone la plaza de aparcamiento de promoción municipal a la que accedieron en su día atraídos por la garantía de la Administración local. Tres parkings de los ocho inicialmente contemplados en el controvertido Plan de Centro, puesto en marcha entre el 2004 y el 2007, siguen en régimen de cesión y no propiedad como se publicitaron y vendieron.

Más de mil cesionarios continúan demandando la enajenación de sus aparcamientos tal y como les prometieron, se sienten engañados y, dejando a un lado los diferentes problemas de las adjudicatarias y constructoras, ya han empezado a señalar directamente al Ayuntamiento como principal responsable.

Si bien la cesión temporal de uso establecía el sabido paso a propiedad, la voluntad final quedaba a decisión de las empresas... Los cesionarios se sienten rehenes y, tras dirigirse en reiteradas ocasiones a sus concesionarias, han vuelto sus miradas al Ayuntamiento, a quien ya no es que exijan soluciones, sino que además piensan plantearle movilizaciones. Los plenos municipales, a partir de ahora, contarán con su presencia y su protesta.

Jorge Vigón

Demanda ante lo Mercantil «contra» el Ayuntamiento

«¿Que por qué contra el Ayuntamiento además de contra la concesionaria? Pues porque el subsuelo sigue siendo de propiedad municipal», sentencia Gisela Bernáldez, presidenta de la asociación de cesionarios del parking de Jorge Vigón. Y es que si ha habido un aparcamiento que ha dado problemas, ha sido el suyo.

Con la lupa del fiscal sobre el cambio de accionariado de la concesionaria y decenas de sentencias a favor de los cesionarios que han servido para bajar las cuotas mensuales consideradas «abusivas e injustificadas», la asociación ya ha presentado una doble demanda en el Juzgado de lo Mercantil de Logroño siguiendo una doble estrategia: por un lado, de resolución contractual por incumplimiento y, por el otro, de cumplimiento del mismo y, por tanto, del paso a propiedad inmediato tal y como se incluía en la publicidad -que hablaba de venta y no de cesión-.

«El 80% de los asociados no quieren la plaza y exigen la devolución del dinero y el 20% la quieren y demandan el paso a propiedad sin más demoras... esperamos que la Justicia dé respuesta a ambas y entendemos que el Ayuntamiento no se puede ir de rositas», expone quien ya trata de movilizar a sus propios afectados y al resto para dejar notar su malestar ante la Corporación municipal.

Albia de Castro

Responsabilidades a quien las tiene «en última instancia»

Cesionarios de Albia de Castro, a día de hoy, no se plantean el paso a propiedad como tal, sino que previamente exigen la subsanación de las deficiencias que arrastra el parking.

«Ya hemos firmado el contrato con los abogados y, a falta de decidir si la demanda será colectiva o individual -son hasta 352 plazas-, exigiremos responsabilidades a quien las tiene en última instancia. El Ayuntamiento nos ha engañado y no nos ha dado otra opción», explica Lidia Sáenz, su presidenta.

Gran Vía

Sospechas de ilegalidad en los estatutos y petición de cuentas

Si bien en Gran Vía ya son propietarios, su problema se limita a lo abusivo de las cuotas, la falta de transparencia de la concesionaria -según denuncian- y la guerra abierta que mantienen con José Martín para hacerse con las riendas de la comunidad de propietarios, en la que el constructor ostenta la mayoría. Su acción, en este sentido, se centra ahora en aclarar las sospechas de unos estatutos que entienden ilegales pues, a su juicio, «van contra las normas de derecho público establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal».

De momento, han solicitado al Ayuntamiento, «que apostó por un sistema que no funciona dejando desprotegidos a los propietarios/cesionarios», el acceso al expediente de resolución concesional con la mercantil y que se les informe por parte de los servicios jurídicos municipales de la posible impugnación de los estatutos. «Tenemos claro que llegaremos a los tribunales», avisa su presidente, Ángel Andrés.