Lardero recibe una minuta de 700.000 euros por la defensa del caso de los edificios 'Alfil' y 'Argos'

El Ayuntamiento de Lardero ha recibido una minuta de 678.000 euros, junto con otros 12.000 euros que ya abonó a cuenta a su abogado, por la defensa del municipio en el polémico caso de los edificios 'Alfil' y 'Argos' que, por un exceso de edificabilidad, fueron declaradas construcciones ilegales por la Justicia. Pese a eludir la sentencia inicial de derribo parcial decretado por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), el Consistorio larderano tuvo que indemnizar con 218.000 euros a los propietarios de dos urbanizaciones colindantes, por lo que la minuta pasada por el abogado Ricardo Díez del Corral, que ha representado los intereses del Ayuntamiento, triplica con creces la cantidad indemnizatoria y multiplica por veinte los honorarios -incluidos los gastos de procurador y la redacción de un informe pericial de parte- que cobró el abogado de los vecinos demandantes (33.790 euros, que iban incluidos en las indemnizaciones que pagó el Ayuntamiento).

El exalcalde Vallejo

El caso tiene su miga puesto que los dos edificios fueron promovidos por dos empresas en las que participaba accionarialmente el exalcalde de Lardero Pedro Vallejo -entonces primer edil por el PP-, que son las que se beneficiaron directamente del exceso de edificación, en unas parcelas que inicialmente estaban previstas para unifamiliares y que acabaron siendo viviendas en bloque.

De hecho, los vecinos de las urbanizaciones colindantes demandaron tanto al Ayuntamiento como a las promotoras, en ambos casos, con Ricardo Díez del Corral como abogado defensor. En este sentido, Diario LA RIOJA intentó contactar sin éxito con el abogado con el fin de preguntar si la factura de gastos girada al Ayuntamiento era exclusivamente municipal o si existía otra similar cargada a las promotoras, en tanto que también las representaba el mismo letrado.

De momento, tanto las indemnizaciones como los costes judiciales -pendientes ahora de los del abogado- los está abonando directamente el Ayuntamiento de Lardero, sin que el alcalde actual, Juan Antonio Elguea, se haya planteado la posibilidad de repercutirlos a las promotoras: «Cada cual responde de su parte; fue el Ayuntamiento quien dio los permisos y tramitó los expedientes, por lo que tiene la responsabilidad que tiene».

Mediación del Colegio

Con lo que no está de acuerdo el Ayuntamiento de Lardero es con la minuta girada por el abogado y, ante el desencuentro, ambas partes han aceptado la mediación del Colegio de Abogados de La Rioja para que sea éste quien determine la justicia de los honorarios del profesional con el compromiso de ambas partes de aceptar el laudo colegial.

Las facturas

Ricardo Díez del Corral cobró 12.000 euros del Ayuntamiento de Lardero el 13 de enero del año 2011 en concepto de provisión de fondos, pese a que la primera demanda de los vecinos era del año 2004, es decir, que durante los siete años que duraron los distintos procesos judiciales no giró factura alguna.

El pasado 3 de abril el abogado presentó una primera cuenta por un importe de 282.669,64 euros adicionales a los 12.000 de la provisión de fondos, que el secretario del Ayuntamiento de Lardero rechazó al considerarla excesiva y discrepar de los criterios empleados por Díez del Corral para fijar la cuantía.

En este sentido, el letrado -que en ningún momento pactó previamente los honorarios ni con el exalcalde Pedro Vallejo ni con su sucesor, José Antonio Elguea, ni con el actual primer edil, Juan Antonio Elguea- se basa en las indemnizaciones solicitadas por los vecinos demandantes en el procedimiento (4,7 millones de euros en total), que se vieron reducidas por sentencia a 218.000 euros, para fijar sus honorarios.

El secretario del Ayuntamiento se pregunta en el informe en que rechaza la factura por qué se utilizan dichas cuantías para la fijación de honorarios, cuando «en ninguna de las fases ha habido procedimiento alguno de fijación de las mismas» y, en cualquier caso, por qué motivo, en lugar de las indemnizaciones, «no se emplean, por ejemplo, las cuantías a que ha sido condenado el Ayuntamiento» para la fijación de los honorarios.

Tras recibir el informe con la negativa del Ayuntamiento a abonar los 282.700 euros reclamados en la que se le pedía además que desglosara los diferentes conceptos, Ricardo Díez del Corral entregó una nueva minuta, en este caso sí detallada por cada uno de los procedimientos judiciales seguidos, pero por importe de 678.000 euros que, añadidos a los 12.000 percibidos a cuenta, llegarían a casi 700.000 euros.

El tema está pendiente de que el Colegio de Abogados emita un dictamen sobre los honorarios.