La Rioja se queda sin Defensor del Pueblo

La Rioja se queda sin Defensor del Pueblo. El puesto había quedado vacante desde la renuncia hace año y medio de su primera y única ocupante, María del Bueyo Díez Jalón, aunque su Oficina seguía tramitando denuncias y quejas ciudadanas a la espera de que el Parlamento nombrara un sucesor. No lo habrá. Ayer, el Partido Popular presentó en la Cámara riojana una proposición de ley para suprimir definitivamente la figura y anular la norma autonómica que la regulaba desde el año 2006. Como el PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento, la definitiva extinción de la Oficina del Defensor del Pueblo autonómico es simple cuestión de tiempo. Al presentar la moción ante los periodistas, la diputada Ana Lourdes González explicó que la decisión se enmarca «en las políticas de austeridad, de eliminación de duplicidades y de búsqueda de la eficiencia en el sector público». González cifró en 600.000 euros al año el gasto que las arcas públicas se ahorrarán con la eliminación definitiva de esta figura.

La suerte estaba en realidad echada desde que en junio del 2013 el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hubiera solicitado a las autonomías la eliminación de sus respectivas Defensorías del Pueblo. Castilla-La Mancha y Murcia, asfixiadas por el déficit, ya habían tomado esa decisión en diciembre del 2012 y Asturias lo hizo pocos meses después. Tras la próxima supresión de la Defensoría riojana, quedarán en pie las de Navarra, Castilla y León, País Vasco, Cataluña, Valencia, Galicia, Andalucía y Canarias.

La proposición de ley presentada en el Parlamento por el PP tiene un artículo único y un texto sencillo: «Queda suspendida la actividad de la Oficina del Defensor del Pueblo Riojano». Una medida que obligará a «suprimir los puestos de trabajo adscritos a esa Oficina», tres, según indicó ayer la diputada González.

Al Defensor estatal

¿Y qué pasa con las quejas admitidas ya a trámite? González indicó que será la Comisión de Peticiones del Parlamento (integrada por un diputado de cada grupo parlamentario) quien examine las denuncias y las traslade, en su caso, a la Defensoría nacional, que a partir de ahora será la receptora de las quejas planteadas desde La Rioja.

El anuncio del PP mereció los reproches inmediatos de las otras fuerzas políticas con representación parlamentaria. «Buscan la crisis como coartada», lamentó Pablo Rubio, portavoz socialista. Rubio censuró que no haya «reducción de altos cargos ni de asesores» y que sin embargo se ahorre «suprimiendo aquellas instituciones que puedan limitar el poder absoluto y totalitario de Pedro Sanz». Rubio criticó además que, mientras el PP habla de recuperación económica, «sigue y sigue recortando». Parecidos reproches esgrimió Miguel González de Legarra, presidente del Partido Riojano, que lamenta además «el progresivo desmantelamiento de todo el proceso autonómico que hemos construido en todos estos años».

Tampoco los sindicatos aplauden la supresión de la Defensoría. Bien al contrario, Cristina Antoñanzas, secretaria general de UGT, defiende la necesidad de una figura «que ayuda al ciudadano a defenderse contra los abusos de la administración». La oficina estatal, que a partir de ahora recibirá todas las quejas riojanas, «queda más lejana y alargará mucho los trámites», lo que, según Antoñanzas, contribuirá a desanimar a los ciudadanos. Desde CCOO, su secretario general, Koldo González, pone el acento en cómo la austeridad «está afectando a muchos derechos sociales»: «Podríamos hablar de disminuir su coste, de cómo ganar en eficacia, pero su supresión es una gran pérdida». González inscribe esta decisión en una línea ideológica del Gobierno: «Poco a poco, o bien hacen desaparecer a los órganos independientes o bien toman el control, como estamos viendo en el caso del Tribunal Constitucional».

En el tejido asociativo regional la noticia ha sido recibida con opiniones diversas, al menos según las reflexiones de urgencia que ayer pudo recabar este periódico. «Es lo último que podía pasar», lamenta Fernando Mangado, de la Asociación Logroño sin Ruidos. «¿A dónde quieren que acudamos ahora si se nos cierran las otras puertas? ¿A Madrid? Dicen que se trata de evitar duplicidades, pero ¿acaso no es el Senado o no son las Diputaciones duplicidades mucho más sangrantes? Por lo menos, antes teníamos aquí una Defensora (María del Bueyo Díez Jalón) que se implicaba y que sentías cercana». María Ángeles Matute, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, reconoce el buen trabajo de la anterior titular, pero puntualiza que «dado su sistema de elección, por parte de los políticos, tampoco había garantías de que su posible sucesor fuera a cumplir con independencia su labor». Matute indica que, para muchos de sus asociados, «el argumento del gasto» hace comprensible una medida de este tipo.