Que la gestión de las vacunas no ha sido ejemplar es un hecho en el que estaremos casi todos de acuerdo, excepto los que mi ... amiga Valva llama militantes de guardia, siempre dispuestos a justificar cualquier cosa que hagan los suyos y a criticar a los demás. Es cierto que algunas cosas se han hecho bien como, en general, la organización de las inmunizaciones por los responsables sanitarios de las autonomías o el dispositivo para repartir y conservar los viales, pero la política de compras, los retrasos en la llegada de vacunas y, sobre todo, los vaivenes y dudas con determinadas vacunas no han dejado en buen lugar a nuestros gobernantes nacionales y europeos. Si una cosa no se debe hacer, en unas circunstancias como las actuales, es crear dudas y desconfianza. Si, como parece, los efectos secundarios graves de determinadas vacunas son escasos, menores que los de cualquiera de los medicamentos habituales, no se explica que comiencen poniéndolas a todos, luego solo a las personas de 60 a 65 años, después suspendan las inoculaciones y, finalmente, añadan a la franja de 65 a 70 años y suspendan la segunda dosis a los más jóvenes. Todo un ejercicio de mal hacer y una ceremonia de la confusión que solo la madurez de los españoles ha hecho que no acabe en desastre. El hecho de que una vacuna bajo sospecha se acabe poniendo solo a los mayores de 60 años da la sensación, como también dice mi amiga Valva, de que es porque importa menos que se mueran, aunque se haga por motivaciones de menor riesgo o por inmunizarlos antes. Y, hablando más en serio, por qué esos alarmismos con los posibles trombos de la vacuna inglesa si los casos, según dicen los expertos, son, en proporción, cien veces menores que los producidos, por ejemplo, por la píldora anticonceptiva y a nadie se le ha ocurrido pedir su prohibición.
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Ahora que parece que empezamos a coger velocidad de vacunación, creo que es hora de reflexionar sobre qué hacer con quienes no quieren vacunarse. Los antivacunas de toda la vida se han librado de viruelas, poliomielitis y demás enfermedades porque la inmensa mayoría de ciudadanos –niños en general– ha sido inmunizada, pero con el COVID podría suceder, si hubiera bastantes personas sin vacunar, que permaneciera en pequeños sectores, dificultando su posible erradicación. Si la vacuna sigue siendo voluntaria, no sería extraño que hubiera empresarios que no quisieran trabajadores sin vacunar o, incluso, personas que no aceptaran la compañía de estos no inmunizados. Se plantea un grave problema ético y, quizá, jurídico: ¿debe prevalecer el derecho a la libertad individual y al trabajo, sin considerar si se está vacunado, o el derecho a la salud de todos en el lugar de trabajo? Ahí lo dejo.
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