La multitudinaria manifestación que llevó ayer a Madrid la reivindicación del campo y el mundo rural ha devuelto a primer plano reclamaciones que estuvieron ya ... presentes en las movilizaciones de agricultores y ganaderos anteriores a la pandemia, y que el incremento del precio de los combustibles ha hecho aún más justas. El éxito de la convocatoria de COAG, ASAJA, UPA y otras organizaciones obliga al Gobierno a situar entre las prioridades de la política pública la atención al medio agrario y la viabilidad de sus explotaciones. No hay entre las demandas expuestas nada que no sea razonable e incluso urgente, puesto que en su inmensa mayoría estaban presentes hace más de dos años, siendo orilladas por el COVID y la necesidad de asegurar el abastecimiento alimentario. Los costes de producción se han disparado más que en ningún otro sector económico, sin que ello haya repercutido en los precios en origen. Cuando todavía no se perciben todas las consecuencias que pueda acarrear la invasión rusa de Ucrania, las dificultades de aprovisionamiento previas, las fluctuaciones al alza de las materias primas y la especulación que ha pesado sobre determinados productos hacen que cada actividad del sector primario esté sujeta a una fuerte tensión inflacionista.
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La Ley de la Cadena Alimentaria está condicionada por la existencia de una alargada intermediación en la distribución, con sus propios intereses, sin que existan ni pautas ni inspecciones suficientes para asegurar el cumplimiento estricto de la norma y evitar la venta a pérdidas en cualquiera de sus eslabones. Una participación más activa de las organizaciones representativas de agricultores y ganaderos en la fijación de la agenda 2030, en el desarrollo de la Reforma Laboral, en los cambios fiscales, o en la normativa sobre seguros contribuiría a recuperar la confianza en el futuro de sectores que, como ayer se reclamaba en Madrid, son determinantes para que el país sea menos dependiente en cuanto a alimentación. Además, que el campo continúe en manos de quienes lo han venido trabajando y que las explotaciones puedan pasar a los más jóvenes y sin hipotecas es una condición necesaria para su modernización y para el desarrollo del medio rural en su conjunto. El Gobierno tiene previsto responder también a los manifestantes de ayer el próximo 29 de marzo, y no antes. Pero si lo que pretende es diluir la extensa problemática del campo en un plan contra las consecuencias de la guerra en Ucrania tendrá que arrostrar un descontento creciente en la España vaciada.
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