Más de 58.000 millones de euros del erario público destinados al rescate de un sistema bancario implicado, a la vez, en el despido colectivo ... de 73.000 empleados. Más claro: el dinero de los españoles regalado para pagar los ERE en entidades privadas a fin de que sigan acumulando beneficios. A ello se suma un incremento del precio de los carburantes cercano al 20%, o del 100% de la factura de la luz.
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Esta es una sucinta radiografía de lo que acontece en la España de 2021, donde los convenios colectivos registran una «vertiginosa» (entiéndase la ironía) subida media del 1,9%. Tres hurras por unos sindicatos «que saben comportarse» (fin de la cita y de la ironía). O donde 5,1 millones de personas se encuentran en pobreza severa, con ingresos equivalentes a 16 euros diarios.
Visto el panorama sería muy fácil caer en un chorreo de invectivas y exabruptos de desahogo contra los responsables, que los hay, políticos y económicos. Y aunque esté bien justificado el insulto más grosero, poco se consigue con pataletas.
Resulta mucho más útil y didáctico apelar a la reflexión, como paso previo a la posterior acción consecuente, acerca de cómo hemos permitido, y seguimos soportando, semejante escarnio.
Expropiar a los expropiadores y nacionalizar bajo control de la mayoría social no sería mal comienzo.
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