El PR+ propone una ordenanza que sancione a proxenetas y puteros

La propuesta de ordenanza que el Partido Riojano formuló este lunes incluye la sanción a proxenetas y 'puteros' y un plan social de atención a las mujeres que quieran salir de la prostitución o que hayan sido supervivientes a la trata.

El concejal regionalista Rubén Antoñanzas, junto a Sofía Montenegro, número dos de su candidatura, e Isabel Ilzarbe, de la Asociación Feminista Kirké, señaló que la iniciativa no va en contra de las mujeres en situación de prostitución, sino que pretende garantizar los derechos de las mismas con un plan dotado de los medios necesarios. Mencionó además que ya hay ciudades con normativas de este tipo, tales como León, Sevilla o Barcelona y que también busca la adhesión logroñesa a la Red de Ciudades Libres de Prostitución y Trata.

Montenegro, a su vez, recordó que, si bien el Parlamento regional dio su visto bueno el año pasado a la primera ley contra la violencia de género, «el camino que queda por recorrer es muy largo». Además, se fijó en que Logroño no dispone de ninguna norma específica que garantice «los derechos de las mujeres en situación de prostitución, la servidumbre sexual, los servicios sexuales o actos pornográficos».

La propuesta regionalista se llevará al próximo pleno municipal con la confianza en que obtenga el respaldo mayoritario de la Corporación, apuntó Montenegro, quien calculó que, en ese caso, la ordenanza podría empezar a redactarse en el primer semestre de 2024.

Sobre el plan social de atención integral a las mujeres que quieren salir de la prostitución o que son supervivientes de trata, «creemos que ha de estar dotado de los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes que permitan garantizar un espacio habitacional seguro y temporal; atención social, psicológica y sanitaria y formación laboral para favorecer su reincorporación al mercado laboral».

También juzgó necesario que se elabore un estudio previo de la situación logroñesa con datos de las mujeres afectadas y su perfil, locales, viviendas, denuncias o condenas a proxenetas... para concretar las necesidades.

Isabel Ilzarbe, por su parte, remarcó que la ordenanza que están proponiendo se enmarca dentro de la postura abolicionista respecto a la prostitución y que busca «garantizar salidas a las mujeres, perseguir al proxeneta, sancionar al putero y conciencias a la sociedad sobre lo que se oculta tras la prostitución».

Pero, ¿cómo son las ordenanzas de este tipo? La última, aprobada en septiembre en el municipio valenciano de Silla, recoge como infracciones leves colocar, repartir, divulgar y/o difundir publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo de prostitución y el turismo sexual cuando se utilice el espacio público o los elementos que lo integran. Los responsables serán quienes lleven a cabo esta conducta además de los anunciantes. Y se consideran infracciones graves solicitar, negociar y aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos; colaborar con el demandante de servicios sexuales con acciones para facilitar, vigilar o alertar de la presencia de agentes de la autoridad o favorecer o promover el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual. Estas infracciones son muy graves cuando se lleven a cabo a 200 metros de colegios o lugares próximos a público infantil; a menos de 200 metros de lugares de actos de naturaleza cultural, festiva, lúdica, deportiva... y en lugares que impliquen más vulnerabilidad de las personas en situación de prostitución, con escasa iluminación, próximos a vías de circulación de vehículos... Las sanciones a las infracciones leves van de 500 a 750 euros. Las más graves son de 1.500 a 3.000.

Esta norma es muy parecida a la de León, en vigor desde agosto, con sanciones similares. La norma prohibe la demanda de prostitución y la sanciona con hasta 1.500 euros. Y lo mismo sucede con quienes colaboren con los demandantes (proxenetas).

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