El 12% de las riojanas que se quedaron embarazadas en 2020 decidió abortar

A partir de esos datos, el Mapa de la Maternidad de la Fundación RedMadre sitúa a La Rioja como la comunidad con menor porcentaje de abortos practicados en relación al total de embarazos. Durante 2020 el 12,14% de las mujeres que se quedaron embarazadas en La Rioja decidió abortar, proporción muy alejada de la contabilizada en Asturias (28%), Canarias (26,7%) y Cataluña (24,6%), regiones en las que entre un cuarto y un tercio de las gestantes optó por la interrupción.

El último informe sobre interrupciones voluntarias del embarazo del Ministerio de Sanidad apunta que de las 320 registradas en 2020, 273 se realizaron por la propia voluntad de la gestante (sin causa médica) dentro de las 14 primeras semanas de gestación. A estas hay que sumar otras 30 vinculadas al grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, 11 derivadas del riesgo de graves anomalías en el feto y 6 asociadas a anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

De esos 320 abortos, únicamente 17 (todos por motivos médicos) fueron realizados en el Hospital San Pedro de Logroño. El resto de mujeres tuvieron que trasladarse a centros privados de otras regiones para ejercer su derecho e interrumpir su gestación.

Esta situación no es nueva y se repite en La Rioja desde hace años: todos los ginecólogos se han acogido a su derecho de objeción de conciencia, apuntan desde la Consejería de Salud, donde, en todo caso, recuerdan que «el derecho de las mujeres al aborto está garantizado. Cuando es por causas médicas se procede a la interrupción en el Hospital San Pedro o en el de Calahorra y cuando lo solicita la mujer se deriva a los centros oportunos». En la actualidad son la Clínica Actur de Zaragoza y la Clínica Ansoain de Navarra.

El procedimiento es siempre el mismo. Cuando la gestante toma la decisión de interrumpir el embarazo, debe acudir al Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de La Rioja, ubicado en un edificio anexo al Hospital de La Rioja, y tras una primera cita en el servicio de Ginecología y Obstetricia recibe toda la documentación sobre la interrupción del embarazo informándole de que no se puede tramitar hasta pasados 3 días. Superado ese periodo de tiempo, si reitera su decisión, se inician los trámites de derivación a las clínicas de Zaragoza o Navarra. El Servicio Riojano de Salud correrá con todos los gastos.

Esa situación es la que pretende corregir la futura Ley de Igualdad de La Rioja (en fase de borrador), que recoge en su artículo 50 la obligación de la Administración de la Comunidad Autónoma de garantizar «los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud», una medida similar a la que ya presentó, infructuosamente entonces, Izquierda Unida en el Parlamento regional reclamando la creación de un registro de profesionales dispuestos a realizar estas interrupciones del embarazo.

«Igual que se externalizan otros servicios, tendrían que contratar a alguien para que viniera a Logroño a hacer estas intervenciones», añade una trabajadora social que considera que «obligar a una mujer a ir a Navarra o a Zaragoza a abortar es una forma de maltrato institucional» y es una traba más a la hora de ejercer sus derechos.

1985Se despenaliza el aborto en tres supuestos: riesgo grave para la salud de la mujer, violación y malformaciones en el feto.

2010Se despenaliza durante las primeras 14 semanas, tiempo en el que la mujer podrá tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción.

2013El PP impulsa una 'contrarreforma' de la ley de 2010 –más restrictiva incluso que la norma de 1985– y que solo permitía el aborto bajo dos supuestos: en caso de violación o si existía un «menoscabo importante y duradero» para la salud física y psíquica de la mujer o del feto. No prosperó.

2015El Ejecutivo de Rajoy aprueba una reforma que fija como obligatorio el permiso paterno para las mujeres de 16 a 18 años que quieran abortar. Los padres pueden obligarla a tener un hijo no deseado.

2021El Ministerio de Igualdad de Irene Montero (Podemos) anuncia una reforma legal para eliminar ese consentimiento paterno obligatorio en menores de 16 y 17 años.