La falta de convenio con la concesionaria de la AP-68 retrasará el inicio de la Ronda Sur

Las obras de la Ronda Sur de Logroño no podrán empezar este año tal y como llegó a anunciar el PP y su licitación para este 2018, de hecho y pese al compromiso de Fomento publicitado por Ayuntamiento local y Gobierno regional cuando todas las administraciones eran 'populares', sigue en el aire. Dicho de otro modo: la tramitación no estaba tan avanzada como se daba a entender cuando gobernaba Mariano Rajoy. La ejecución del proyecto para la conversión del tramo de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete en una nueva circunvalación para la capital de La Rioja, a día de hoy, dista mucho de la «inminencia» de la que hablaban la alcaldesa Cuca Gamarra, el presidente José Ignacio Ceniceros y el entonces ministro Íñigo de la Serna.

La situación es que el pasado 11 de agosto la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja publicaba un anuncio en el BOE -con réplica en este periódico 6 días después- sobre la declaración de urgencia del citado proyecto y de un nuevo trámite de información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las futuras obras -expropiación forzosa-, en concreto de los que no fueron incluidos por no encontrarse afectados inicialmente en la del 14 de enero del 2017.

Y todo ello con vistas a la posterior y preceptiva declaración de urgente ocupación por parte del Consejo de Ministros a fin de agilizar unos trámites, en la práctica, paralizados. Así lo ha confirmado a requerimiento de Diario LA RIOJA el nuevo delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, José Ignacio Pérez, quien pone de manifiesto que, tras el cambio de Gobierno, el PSOE se ha encontrado trámites sin resolver, en los que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se ha puesto a trabajar.

«La situación que nos hemos encontrado es que desde la aprobación del proyecto de construcción el 27 de noviembre del 2017 no se ha hecho nada», resume Pérez, quien desde la prudencia, informa de que, este mismo verano, se ha tenido que completar el paso de la información pública. Además, y para recuperar el tiempo perdido y actualizar plazos, el expediente en cuestión se tramitará por el procedimiento de urgencia previsto en la Ley de Expropiación Forzosa. Las previsiones son las de que el Consejo de Ministros declare la urgente ocupación en dos meses -entre septiembre y octubre-.

«Sorpresa definitiva»

Sin embargo, el verdadero obstáculo para la licitación de las obras, con presupuesto tanto en el 2017 como en el 2018, sería la falta de acuerdo con la concesionaria de la autopista, necesario para disponer del tramo en cuestión y que conllevará una compensación económica. Una «sorpresa», la «definitiva» en palabras del delegado del Gobierno en La Rioja, pues cuando se pensaba que, por las propias declaraciones de los responsables del PP, el convenio estaba prácticamente cerrado e incluso cifrado en 120 millones de euros -aparte de los 149 de la obra en sí-, «no es así».

«Que no esté firmado es un obstáculo, porque hay que llegar a un acuerdo con la concesionaria y las obras, y así hay que decirlo, no se adjudicarán mientras no se firme. Licitar lo que se dice licitar, formalmente se podría, pero no tiene sentido hacerlo si no se puede adjudicar por la falta de acuerdo», explica José Ignacio Pérez. «Dieron a entender que no había problema, cuando evidentemente lo hay, y además lastra el comienzo de las obras, algo de lo que nadie había advertido», añade Pérez dejando claro que es condición 'sine qua non' para el inicio del proyecto tras la licitación y la adjudicación.

Resumiendo: «Trámites sin resolver» y una «sorpresa» con la que nadie contaba y que, según precisa, son problemas que hay que solucionar «cuanto antes» y «siendo lo más diligentes posible». «Se nos vendió que iban a licitar las obras y, tal y como lo dejaron, no se puede. No queremos mirar al pasado, sino aportar soluciones y en ello estamos», concluyó el delegado.