Cantabria y La Rioja unen fuerzas por una financiación no basada sólo en la población

Los gobiernos de las Comunidades Autónomas de La Rioja y Cantabria han concretado en un documento común los principios básicos que, a su juicio, deberían guiar la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.

En una reunión bilateral, celebrada hoy en Santander entre los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas, ambas autonomías han hecho hincapié en la necesidad de incorporar el coste fijo de los servicios públicos en el reparto de los fondos del Estado a las comunidades.

El documento suscrito por ambas autonomías será remitido al Gobierno de España y contiene seis puntos que pretenden orientar una negociación basada en los principios constitucionales de la igualdad y la solidaridad, que sea además satisfactoria para el conjunto de las Comunidades Autónomas, según recoge la Agencia Efe.

En su contenido, el acuerdo se centra en asuntos clave como el mantenimiento del "status quo", el reconocimiento de los costes fijos en la prestación de los servicios, el respeto al principio de lealtad institucional y al principio de suficiencia financiera, la potenciación de los mecanismos de solidaridad, así como garantizar una adecuada financiación del Fondo de Compensación interterritorial.

En una comparecencia conjunta, celebrada al término de la reunión, los consejeros de Presidencia de Cantabria y La Rioja, Rafael de la Sierra y Begoña Martínez Arregui, respectivamente, han coincidido en la importancia de "sumar fuerzas" entre comunidades y abordar así "problemas comunes que afectan a todas", como la baja densidad demográfica, la dispersión de la población o el elevado índice de envejecimiento.

De la Sierra y Martínez Arregui han abogado por incluir los costes fijos de los servicios públicos y poner sobre la mesa los factores demográficos, como la dispersión territorial, la superficie o el envejecimiento de la población.

Por su parte, el consejero de Administración Pública y Hacienda de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha destacado que para La Rioja y Cantabria resulta prioritario contar con un nuevo sistema dotado de más recursos que el actual, que respete la cláusula de status quo y tenga en cuenta la variable de los costes fijos en el criterio de población ajustada.

Prestar servicios públicos en La Rioja y Cantabria, según ha destacado el consejero cántabro de Economía y Hacienda, Juan José Sota, es más caro que prestar servicios públicos que en otras comunidades autónomas porque "hay menos habitantes y están más dispersos".

Sota ha defendido que el nuevo sistema tiene que permitir una financiación "adecuada y suficiente", que permita prestar con "calidad" los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales.

El primero de los seis puntos del acuerdo rubricado este lunes establece que las necesidades de financiación deberán tener como límite inferior la financiación real obtenida por cada Comunidad Autónoma en aplicación del modelo vigente, es decir, "mantenimiento del statu quo".

Por tanto, señalan que es "imprescindible" la incorporación de esta cláusula tradicional en todas las reformas del sistema de financiación, conforme a la cual ninguna comunidad autónoma empeora su posición financiera como consecuencia de la reforma.

En segundo lugar, se apunta que las necesidades de financiación de deberán fijarse atendiendo a sus necesidades reales, que se encuentran indefectiblemente condicionadas por el coste unitario de la prestación de servicios, que no es el mismo para todas las comunidades Autónomas.

Los consejeros apuntan que no es cierto que Cantabria o La Rioja estén "sobrefinanciadas", sino que la financiación que reciben responde al coste de prestación de los servicios, particularmente determinados por la existencia de costes fijos.

También se reclama "máximo respeto" al principio de lealtad institucional, articulando instrumentos para compensar financieramente a las autonomías por decisiones unilaterales del Estado que les supongan hacer frente a mayores gastos por la prestación de los servicios.

Potenciación del principio de suficiencia financiera garantizando que todas las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos suficientes para financiar el total de los servicios de su competencia tanto presente.

Así mismo, potenciación de los mecanismos de solidaridad interterritorial a fin de garantizar que la prestación de los servicios se produzca en condiciones similares de calidad para todos los españoles y sin que las diferencias de riqueza entre los territorios generen desigualdades entre españoles prohibidas por la Constitución.

Y que el Fondo de Compensación Interterritorial cuente con una adecuada dotación presupuestaria y la distribución de sus recursos deberá tener en cuenta no solo el nivel de renta de las regiones, sino otras variables que garanticen un reparto más equitativo de los fondos.