Una 'cadena' en Navarra para paliar el retraso de los fondos reservados

C.N.

María José Rubio Pérez fue condenada a seis años de cárcel -una pena que en el 2001 rebajó el Supremo a 3- por unos hechos que habían ocurrido a principios de los noventa, cuando trabajaba como funcionaria habilitada en la Delegación del Gobierno en Navarra. Un extenso trabajo judicial determinó que la exdecana había creado una cadena entre empresarios de Pamplona, ligados al mundo inmobiliario y de la construcción. Les explicaba que sus aportaciones eran necesarias para paliar el retraso con el que llegaban los fondos reservados a la Comunidad Foral. A cambio se comprometía a devolverles el dinero y pagarles unas contraprestaciones en concepto de intereses, en algunos casos cercanos al 50%.

Para llevar a cabo su cadena de estafas, la psicóloga empleaba dos cuentas bancarias de la Delegación del Gobierno en Navarra sobre las que tenía autorización para firmar gracias a su condición de habilitada. Junto a ella también fueron procesados su exmarido, José Manuel Gil Oslé, exinterventor del Parlamento navarro; y el exsecretario general de la Delegación, Mariano Berduque Navarro. Al final de toda la trama, María José Rubio Pérez se habría quedado con unos 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) de los que nunca más se supo.