«Todo es un error, yo sólo ayudaba a mis compatriotas»

Todo es falso. Javaid Aslam, el número dos de la Asociación Pakistaní de La Rioja ha negado en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Pamplona todos los cargos que le imputa el Ministerio Fiscal y para el que pide una pena de prisión de 20 años. Según su declaración, los hechos vendrían a ser un tremendo error y la Fiscalía confunde su colaboración desinteresada con los miembros de la comunidad pakistaní de La Rioja con la comisión de diferentes delitos.

Aslam explicó que tras pasar por Grecia, Italia y Francia llegó a Madrid, desde donde se trasladó a Logroño. Tras trabajar en diferentes empresas, constituyó una empresa de construcción que le permitió trabajar, de la mano de grandes firmas nacionales, actuar en obras como el Palacio de Justicia de Logroño o el soterramiento del ferrocarril. El número dos de la asociación pakistaní de La Rioja reconoció que ha dado trabajo "a cientos de pakistaníes" pero que nunca fueron contratos ilegales. "Eran contratos para trabajar", recalcó.

Tras explicar el entramado empresarial que había creado junto a su mujer, su hija, un hermano por parte de su padre y uno de sus trabajadores, vino a reconocer que en un primer momento (hasta el 2005) sí que empadronó a diferentes pakistaníes residentes en Logroño, "pero sin cobrar ningún dinero, nunca", a modo de favor personal "para que obtuvieran la tarjeta sanitaria". Esa colaboración se reforzó una vez que fue elegido secretario de la Asociación Pakistaní de La Rioja, llegando incluso a viajar a Madrid a tramitar renovaciones de pasaportes de nacionales pakistaníes, argumento que utilizó para justificar la existencia de abundante documentación en el registro de su domicilio de la calle Avenida de Burgos. En esa línea, apuntó que es "tradición pakistaní" ayudar a los compatriotas cuando viven fuera del país.

A partir de ese momento, Aslam negó todos los hechos que le imputa el Fiscal. Así, reconoció que transportaba a los trabajadores de Logroño, Calahorra y Tudela hasta San Sebastián, "por voluntad de ellos, que querían volver a dormir con sus familias", que en todas esas obras estaban perfectamente identificados, que no trabajaban más de 8 horas al día y que los empleados cobraban "incluso por adelantado. Luego, al final del mes, hacíamos cuentas y les pagaba o en efectivo o con un cheque".

Junto a Aslam, señalado por el Ministerio Fiscal como cabeza de la presunta organización criminal, declararon los otros cuatro acusados, A.I., M.A., M.A y M.H. con los que, Aslam tiene vínculos bien laborales bien familiares. Todos ellos, mantuvieron la misma argumentación: que no forman parte de banda organizada alguna, que nunca vendieron contratos laborales a compatriotas suyos para que lograran un permiso de residencia y que, en todo caso, pudieron empadronar a alguien en sus domicilios a modo de favor personal. Así, negaron malos tratos a trabajadores, pagos irrisorios por jornadas casi eternas y malos tratos físicos o amenazas.

Por su parte, y antes de que la vista se suspendiera hasta el próximo 30 de noviembre a las 9 horas ante la incomparecencia de los dos testigos protegidos y la oposición de la fiscalía a que declarara el resto de los testigos presentes en el Palacio de Justicia de Pamplona, los agentes de la Guardia Civil que en un primer momento trabajaron en la investigación, explicaron que a raíz de informaciones anónimas cotejaron los empadronamientos de diferentes viviendas de Logroño, Tudela y Calahorra (propiedad de varios de los acusados) con los datos que les ofreció la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los empleados del entramado empresarial de su titularidad. Las primeras sospechas apuntaban hacia un posible delito de tráfico de seres humanos si bien, al encontrar indicios de la existencia de delitos de extranjería, la investigación pasó del equipo de Policía Judicial al grupo de información de la Guardia Civil.