Dueños de perros de Haro, contra el censo de ADN

Dueños de perros, usuarios del centro de esparcimiento canino de Haro y de otros parques de la ciudad están recogiendo firmas para la retirada de la nueva campaña para implantar el censo de ADN canino, que este lunes llevaba ya medio centenar de firmas y permanecerá durante esta semana en el 'pipicán' por si alguien más quiere firmar.

Entre las opiniones ofrecidas, todas las personas consultadas se muestran reticentes a aceptar la nueva norma, y los motivos son diversos. Predominan los que consideran que «por un 10% de personas incívicas que no recogen los excrementos de sus perros –datos aportados por la alcaldesa–, tenemos que pagar todos», como exponía Ignacio Arribas, dueño de Ross. «¿Por qué no salió adelante en 2017?», se preguntaba. «Se supone que se está implantando en Málaga y, sin embargo, yo pregunté a dos conocidos, empadronados en la ciudad con perros, y ni han pagado por el censo ni conocen a nadie multado», exponía.

Para Samuel Pérez, dueño de Baco, esta norma «está mal hecha, con lagunas y absurdeces», opinaba. «¿Por qué tenemos que ser pioneros en algo así? Cuando veamos que funciona en toda España, ya lo pondremos aquí», insistía, al tiempo que se mostraba contrario a pagar el registro. «Que lo pague el Ayuntamiento si tanto le interesa tener un control».

También se encontraba de acuerdo con la eliminación de este coste Sheila Martín-Pero, dueña de Floki: «Está muy bien la idea, ya que hay muchos dueños de perros que no recogen las heces de sus mascotas, pero creo que si la toma de ADN es obligatoria, debería ser gratuita», señalaba.

Más crítica se mostraba Carmen Eraña, dueña de Zar y Ford, que destacaba que «esta ley nos grava dos veces, porque los perros ya están identificados con el chip». «Yo creo que esta normativa no identifica al que no cumple las normas ni fomenta el civismo. Existen dudas jurídicas, porque la muestra puede ser manipulada, harían falta testigos para su recogida. Además, pueden estar contaminadas por micciones posteriores de otros perros sobre ella», explicaba. También reclamaba conocer «el coste real de esta iniciativa y quién se beneficia con ella económicamente» y se cuestionaba el motivo de la imposición de dos veterinarios de la ciudad. «¿Por qué no se hace en todos?».

También tenía dudas sobre la recogida de muestras Yimer Rodríguez, dueño de Zeus. «¿Quién garantiza que alguien que te ve tirar una bolsa a la basura no la coja y la coloque en la Plaza de la Paz, por ejemplo?». También lo sentía por la gente mayor. «Hay muchas personas muy mayores con movilidad reducida. ¿A ellos también les van imponer esta ley? ¿Y los que vienen de fin de semana o los pueblos de alrededor y los de las segundas residencias? ¿Quién asume el gasto del análisis de un resto que no está censado?».

En el caso de Araceli Sagüés, que señalaba que la gente que acude al centro de esparcimiento ha recogido excrementos de perros que no eran suyos, esta norma «podría incluso incitar al abandono animal, ya que bastantes obligaciones y responsabilidades tenemos ya con ellos», señalaba. «Yo rescaté a Sua en unas condiciones horribles. Nunca he pedido nada al Ayuntamiento por hacerme cargo de un animal maltratado. Y en vez de recibir ayuda, nos penalizan económicamente», señalaba.

«Como vecina y propietaria responsable de tres perros (Lilo, Senda y Aisha), quiero manifestar mi rechazo a la nueva tasa municipal de 45 euros por el registro del ADN canino que el Ayuntamiento pretende imponer –señalaba Sara Pérez–. Esta medida, presentada como una solución para mantener limpias las calles, supone en realidad una carga económica injustificada para todas las personas que cumplimos con nuestras obligaciones y cuidamos de nuestros animales de forma responsable». Además, recordaba que actualmente, ya existe una normativa que obliga a recoger los excrementos y permite sancionar a quienes no lo hagan. «La Guardia Civil y la Policía Local ya tienen autoridad suficiente para multar en caso de incumplimiento, por tanto, crear una nueva tasa no es una medida de control, sino una forma de duplicar sanciones y penalizar a los que sí cumplen», afirmó.

«Además, el análisis genético de las heces implica costes adicionales que terminarán repercutiendo en el bolsillo de los vecinos, sin garantizar una mejora real en la limpieza o en la convivencia», añadió Pérez. «Defendemos un pueblo limpio, sí, pero también una gestión justa, proporcional y basada en la educación y el civismo, no en imponer más tasas. Apostamos por campañas de concienciación, instalación de más papeleras y dispensadores de bolsas, y vigilancia efectiva, medidas que sí fomentan la responsabilidad sin castigar a todos por la falta de unos pocos», añadió, tras lo que solicitó al Ayuntamiento «que retire esta medida y abra un diálogo con los vecinos y propietarios de animales para buscar alternativas más justas y eficaces».