La exalcaldesa de San Vicente y los cuatro concejales declaran ante el juez

Los llamados este miércoles a declarar por la denuncia del PR+ por prevaricación en el Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra, se personaron en los juzgados de Haro cumpliendo con la citación emitida para prestar testimonio como investigados. La exalcaldesa Isabel Bañares, del Partido Popular, fue la primera en prestar declaración, y lo hizo durante casi una hora, seguida por los cuatro concejales de la Corporación municipal (dos del PP, Ramón Ramírez y José María Pérez, y dos del PSOE, Ricardo Lara y Emilio Ibáñez), además del secretario interventor.

En torno a las 14.00 horas finalizaba el turno de declaraciones, y los abogados de ambas partes salían del juzgado sin hacer declaraciones. Por la parte denunciante únicamente acudió a la cita el abogado del PR+, Miguel Gómez Ijalba. Y respecto a la parte objeto de investigación, el letrado para todos ellos fue la misma persona.

La denuncia fue interpuesta por el Partido Riojano, que cuenta con un concejal en la localidad, José María Monge, quien denunció la existencia de contratos de arrendamiento de parcelas rústicas municipales a particulares.

Según se expone en las diligencias, la mayor parte de los contratos se habrían realizado a favor de «personas directa o familiarmente relacionadas con miembros de la corporación, e incluso en varios de ellos son miembros de la corporación los beneficiarios. Desde la esposa y cuñado del alcalde a los padres e hijos de los tenientes de alcalde, aglutinando prácticamente uno solo de ellos hasta 9 hectáreas de terreno municipal valoradas en más de 350.000 euros».

Ahora, en función de las declaraciones y lo que decida del juez, existen tres posibilidades: la primera es ampliar diligencias, es decir, solicitar la ampliación de alguna de los datos que el juez considere necesario para el proceso: manifestaciones, documentación o personas citadas. Si se continuase con la instrucción, aún quedaría un paso de seis meses, ya que autorizarían a que la instrucción fuese más larga.

La segunda alternativa supondría que el juez entendiera que queda justificado lo que pudo ocurrir; que los hechos, aunque sean objetivos, tienen una razón o sustento, por lo que decida que no hay elemento de delito. O la tercera opción, que entendiera que, con su declaración ya hay suficiente y, por lo tanto, pasaría al juzgado correspondiente.

En unas tres semanas se podría saber qué rumbo tomará, porque este miércoles se presentó documentación y se dieron varios nombres, por lo que se podrían ampliar las diligencias.