La otra rotonda de la discordia

Alejado de los focos y de la controvertida actuación urbanística en Vara de Rey, aunque afectando a su entorno en la medida en que el Ayuntamiento de Logroño lo considera fundamental como obra previa a intervenir en la rotonda de la calle del mismo nombre y el túnel de Duques de Nájera, a fin de permeabilizar el tráfico durante los trabajos, el proyecto de construcción de dos glorietas en Gustavo Adolfo Bécquer con Lope de Vega también está dando algún quebradero de cabeza a la Administración local.

El Boletín Oficial de La Rioja publicaba esta misma semana la ocupación efectiva de las fincas afectadas, un total de once -de las que solo cinco se expropiarán mediante convenio-, y donde al menos dos de sus propietarios, concretamente quienes le dan un uso residencial -en una hay una vivienda habitual y en otra una de fin de semana-, consideran públicamente un despropósito la obra de una gran rotonda en una pequeña vía de servicio y no se han quedado de brazos cruzados.

La ocupación efectiva, prevista para la semana que viene, significa en la práctica la disposición de los algo más de 4.800 metros cuadrados necesarios para adjudicar las obras -que se resolverá en las próximas semanas según el concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo-, después de que las mismas se licitasen el pasado mes de noviembre.

Algo que, sin embargo, ha sido llevado a los tribunales por parte de la familia Echavarría Macua, quien ha recurrido al contencioso-administrativo tanto el proyecto de expropiación como el de construcción. Y es que la construcción de dos glorietas a ambos lados de la circunvalación amenaza con dejar daños colaterales en unas fincas que han ido perdiendo sucesivamente extensión a golpe de expropiación.

El primero de los afectados en dar la voz de alarma fue Alfonso Echavarría, propietario del 34 de Lope de Vega, una finca de recreo que ya ha sufrido hasta cuatro expropiaciones anteriores -polígono de Cascajos, ampliación del mismo, circunvalación y vía de servicio- y que ahora desaparecerá por completo llevándose con ella un auténtico 'jardín botánico' justo al lado de la ciudad. La finca esconde, entre otros tesoros, el que probablemente sea el único ejemplar de macasar japonés en La Rioja, traído a Logroño del parque de María Luisa de Sevilla tras la Exposición Iberoamericana del 1929.

Una voz a la que se suma la de la familia Casero Armas, propietaria del anexo número 36, que en este caso sí que tiene fijada su residencia habitual en la misma, después de que en el 2000 le derribasen un chalé en la ocupación para la construcción de la vía de servicio, autorizándole a instalar una casa de madera en lo que restaba de finca y donde actualmente vive y trabaja Marta -dedicada a la decoración con las flores y árboles del jardín- junto a su madre.

Tanto en el caso de Echavarría como en el de Casero aseguran que el Ayuntamiento no se ha avenido a razones, y que ha sido materialmente imposible llegar a convenio por uno y otro motivo. Ahora se encuentran expropiados, conforme a la actas de ocupación, y con un justiprecio que en sus casos estiman muy por debajo ya no del valor de mercado, sino del real..., si bien el primero está pendiente de la resolución de su solicitud de medidas cautelares a la Justicia a fin de paralizar las obras.

«Valoran todo como si fuera una finca de secano y lo cultivado como el kilo de remolacha cuando los árboles, algunos de más de 80 años, han sido tasados en 60.000», sentencia Alfonso. Sea como fuere, la cantidad a desembolsar por el Ayuntamiento es de 219.655,50 euros en total, cuando se había llegado a calcular entre 300.000 y 500.000 euros. Y es que, solo por poner un ejemplo, mientras ambas fincas han realizado un informe pericial siguiendo la norma 'Granada' para la valoración de árboles y plantas, la Administración ha cifrado su valor en mucho menos. «Me pagan 2.000 euros por 22 árboles, menos de 100 euros por cada uno cuando trasplantar el pino son ya 3.000», asevera Marta.

Un «despilfarro» de 1,1 millones

Unos y otros se preguntan cómo se van a despilfarrar más de 1,1 millones de euros en unas glorietas «sin sentido» que ocupan campos de labor y suelo en propiedad de constructoras, promotoras y entidades bancarias a la vez que arrasan la finca de recreo de los Echavarría, de más de mil metros cuadrados, y prácticamente la mitad del domicilio de los Casero, 500 de los también más de mil metros cuadrados. La glorieta que les afecta en concreto -la de menos tamaño se hará en terrenos municipales- no dejará de ser a juicio de Alfonso provisional al no contar con la correspondiente delimitación de terrenos en el PGM. Sucede que el suelo en dicha zona está calificado como urbanizable no delimitado, aunque las previsiones son las de convertir la zona en urbana a medio plazo.

«Vamos a salvar los árboles, firmemos un convenio que no contravenga el anterior, es decir, el que sirvió para ocupar los terrenos necesarios en la construcción de la vía de servicio en el 1998 y que quieren dejarlo en papel mojado, y alcancemos un acuerdo económico razonable», solicita el dueño. Sin embargo, mientras Alfonso confía en la acción de los tribunales, Marta se muestra reacia al entender que poco adelantarán en su caso si un juez les da la razón una vez realizada la obra. «No es una cuestión económica, es que yo vivo aquí», espeta la afectada.