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Ley y consenso
TRIBUNA

Ley y consenso

El responsable de la Comisión para el Estudio y Aplicación de la Ley de la Memoria Histórica explica los primeros pasos para la aplicación de la norma en la ciudad de Logroño

CARLOS NAVAJAS CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Martes, 5 de enero 2010, 01:56

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El 29 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento de Logroño aprobó sin ningún voto en contra la creación de una Comisión para el Estudio y Aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura en la ciudad de Logroño. Dicha Ley, conocida popularmente como la Ley de Memoria Histórica, a pesar de que es más una disposición de reconocimiento o reparación que propiamente de memoria histórica, obliga en especial en su artículo 15, titulado «Símbolos y monumentos públicos», a las administraciones públicas, «en el ejercicio de sus competencias», a tomar «las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación [concepto a mi modo de ver clave], personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». Además de dicho imperativo legal, habría que recordar que ya en el programa electoral con el que se presentó el Partido Socialista a las elecciones municipales del 2007, previas como es obvio a la aprobación de la Ley antedicha, figuraba el compromiso, legitimado posteriormente por las urnas, de revisar el callejero logroñés para limpiarlo de referencias al franquismo.

El procedimiento para aplicar dicha norma en el ámbito de la ciudad de Logroño estará basado en el consenso, tal y como se subrayó más de una vez durante el pleno citado. Un consenso de carácter político, que se refleja en el hecho de que en la comisión estarán representados los tres grupos municipales -el popular, el socialista y el riojano-, y social, que se vuelve a evidenciar en la circunstancia de que en el citado órgano colectivo estará presente también la sociedad civil logroñesa -desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja hasta los agentes económicos y sociales (UGT, CCOO y FER), pasando por la Asociación La Barranca, la Universidad de La Rioja, el Ateneo Riojano y la Asociación de Amigos de La Rioja-, además de tres funcionarios municipales, que terminarán de completar la plural composición de la comisión. Sin embargo, dicho consenso no sólo se va a dar en el plano político-social, sino también en el procesal -o, como dicen algunos, procesal-, pues desde el Gobierno municipal queremos que afecte en particular no sólo a la retirada de determinados nombres de calles que exalten el golpe de Estado y la dictadura de Franco, sino al siguiente paso, consistente en la búsqueda de otras denominaciones alternativas que terminen configurando una memoria pública democrática plena.

En efecto, tras treinta años de ayuntamientos democráticos en la ciudad de Logroño ya es hora de que la memoria pública dictatorial residual todavía existente en la misma sea sustituida definitivamente por una memoria pública democrática que pueda ser compartida por todos y cada uno de los ciudadanos capitalinos o al menos por la inmensa mayoría de ellos durante las próximas décadas, de forma que no vuelva a repetirse nunca más la imposición de los unos sobre los otros de una memoria colectiva partidista y, mucho menos, golpista y totalitaria.

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