Seguridad, privada y sin reglamento

Para remediarlo, Carlos I otorgaría una pragmática el 21 de mayo de 1518, donde se acordaba que en cada jurisdicción local se eligiera a una persona para examinar su término municipal y decidir «en qué parte de las dichas ciudades, villas y lugares se podrán poner y plantar montes y pinares... con el menor daño y perjuicio que ser pueda en las labranzas». Aquellos pioneros guardabosques, contratados para «la guarda y administración de los dichos montes» son el antecedente histórico de la seguridad privada española.

Hoy, 506 años después, el sector de la seguridad privada no atraviesa su mejor momento. Y es que pese a estar regulado por una ley vigente desde abril de 2014, hoy sigue huérfana de un reglamento que la desarrolle. Cierto es que existe un borrador, realizado a espaldas de los agentes sociales, que ha ido pasando de cajón a cajón de la mesa del ministro de Interior de turno y no hay visos de que vaya a salir a la luz en un futuro próximo.

Asimismo, la actual ley de contratación pública tampoco ayuda a un sector en el que el 30% de la facturación proviene del sector público. Los concursos para la vigilancia de las distintas administraciones, en los que el 49% de los puntos de adjudicación corresponde a la oferta económica, convierte estas licitaciones en un mercadeo a la baja en las que se adjudican miles de euros a empresas que sistemáticamente incumplen la legislación laboral y el convenio colectivo. Una situación que desemboca, inevitablemente, en la quiebra de estas empresas con el consiguiente impago de salarios a sus trabajadores. (Aprovecho para recordar que hoy, 21 de mayo de 2024, siguen sin cobrar sus nóminas desde hace muchos meses los vigilantes de seguridad de las empresas Norvik Security y Pretoria Seguridad, ambas prestatarias de servicios pertenecientes a las administraciones locales y autonómicas de La Rioja de las que aún estamos esperando alguna solución y/o explicación).

Esta falta de interés institucional hacia un sector considerado esencial no hace sino acrecentar las diversas problemáticas que sufrimos los vigilantes de seguridad en nuestra labor diaria. Una protección jurídica inexistente, una absoluta falta de medios de autoprotección con sueldos precarios y nulas facilidades para una correcta conciliación de la vida laboral y familiar están llevando a este sector a un callejón de difícil salida. Nuestras condiciones laborales para atraer personas jóvenes dificultan enormemente un más que necesario relevo generacional –la media de edad del sector está en 54 años– para afrontar cuestiones básicas como los nuevos retos tecnológicos de la seguridad privada a corto y medio plazo.

Hace algo más de un mes, precisamente, el sector de seguridad privada de FeSMC UGT nos concentrábamos frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja exigiendo medidas legislativas que permitan a los vigilantes de seguridad jubilarse dignamente a una edad apropiada.

Por si fuera poco, a estos problemas se añade el drama que sufrimos los vigilantes de seguridad en forma de agresiones en el desarrollo de nuestro trabajo; ataques cada vez más frecuentes y cada vez más violentos. Sirva como ejemplo la agresión sufrida recientemente por un compañero al tratar de evitar un robo en un centro comercial de Logroño, en la que perdió parte de la oreja de un mordisco.

Aun así, y ante todo lo expuesto, quiero poner en valor la profesionalidad, el orgullo y el buen hacer de un sector a menudo denostado socialmente. No olvidemos que somos ese primer escudo personal que impide cualquier incidencia grave en centros públicos y privados, trabajando codo con codo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por ello, hoy quiero desear a todos los profesionales del sector un feliz día de la seguridad privada instando al resto de la ciudadanía a reconocer el valor y la voluntad de servicio público de todas las personas que componemos este sector con vocación de proteger y velar por la seguridad de toda la población.