El juez pide al PSOE información sobre las donaciones de Ábalos al partido

Igualmente, el juez ordena que se requiera al PSOE para que aporte, además de las cantidades abonadas o transferidas a quien fuera su secretario de Organización hasta junio de 2021, las transmitidas por éste al partido en concepto de donación o por cualquier otro motivo. En este sentido, pide que se informe de todas y cada una de las donaciones que hubiera realizado Ábalos a la formación, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y/o comentario, así como cualquier otro dato que tengan asociadas los referidos abonos.

En su auto, Puente explica que acuerda estas diligencias de investigación con el propósito de esclarecer «aparentes faltas de sintonía» en la información disponible acerca de la verdadera situación económica del investigado. La resolución explica que en un oficio de la Guardia Civil, fechado el 8 de julio, se señala que han sido analizadas las percepciones económicas imputadas por la Agencia Tributaria (AEAT) a Ábalos por el Congreso en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas desde el año 2014 hasta el 2024, constando al respecto un total de 751.421 euros. Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas procedente directamente del Congreso asciende a un total, en esos mismos años, de 79.841 euros.

Por otro lado, añade el auto, la AEAT atribuye a Ábalos haber realizado donaciones al PSOE por un total de 44.729 euros y, sin embargo, en los productos bancarios analizados a nombre de éste únicamente existe constancia de entregas dinerarias al partido desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, por un importe total de 8.471 euros, es decir hay un desfase de unos 36.000 euros.

Del mismo modo, el juez Puente ha realizado sendos requerimientos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para obtener datos los empresarios investigados en la causa y de sus empresas, y también de la fundación Fiadelso, vinculada al propio Ábalos, para completar «la verdadera situación patrimonial de las personas físicas, así como de las personas jurídicas en cuyo beneficio pudieran las primeras haber venido actuando».

El instructor explica que la información que se obtenga podrá ser cruzada con los datos bancarios de dichas personas que ya fueron solicitados a diferentes bancos en los mandamientos acordados hace unas semanas. Añade el juez que esta diligencia, reclamada por los investigadores de la Guardia Civil, permitirá «conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuáles determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquéllas, al efecto de confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, en lo hasta ahora practicado».

El auto requiere, primeramente, a la Agencia Española de la Administración Tributaria para que aporte el correspondiente Informe de Suministro a los Juzgados para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, requerimiento que se harán extensivo, por lo que respecta al investigado Antxon Alonso y a su mercantil Servinabar, a la Hacienda Foral de Navarra.

En segundo lugar, el magistrado requiere a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral de los cinco empresarios que tienen la condición de investigados en la causa: el citado Antxon Alonso, Antonio y Daniel Fernández, Fernando Agustín Merino y José Ruz, así como de los también investigados Santos Cerdán y Koldo García, y de la exmujer de este último Patricia Uriz.

Esta petición a la Seguridad Social también se refiere al periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos, y señala el juez, se realiza «al efecto de conocer el desempeño laboral desarrollado por las mismas en el referido espacio de tiempo y, en consecuencia, el vínculo que aquéllas hubieran podido mantener con determinadas personas físicas, investigadas en este procedimiento, o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban».