La Justicia da la razón al Ayuntamiento frente a la «huelga encubierta» de la Policía Local en verano

Así lo estima una de las sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Logroño a la que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, en la que el magistrado da la razón al Consistorio capitalino en el «conflicto» abierto con la Policía Local desde el pasado ejercicio y en la cual desestima el recurso presentado por un agente contra las resoluciones de Alcaldía dictadas para que acudiese a cubrir servicios.

Se da la circunstancia de que el fallo es solo uno de los que han llegado, pues se espera que en próximas fechas se eleven hasta la treintena, y la Justicia, de momento, parece tenerlo claro. «Otros policías municipales han impugnado también diversas órdenes de servicio extraordinario para realizar trabajos con motivo de las fiestas de junio y de la celebración de determinados actos al mes siguiente», se puede leer.

La sentencia se hace eco de lo acontecido después de que el Ayuntamiento decidiese resolver el popularmente conocido como acuerdo de horas extra en junio de 2022, que no obstante mantuvo su vigencia tres meses más, hasta la previa de San Mateo, en los cuales los agentes «incumplieron sus obligaciones» pese a que seguían cobrando por ello.

La situación hasta entonces era que la prestación de servicios extraordinarios de la Policía Local se regía por un acuerdo de 2018 para «eventos especiales, previsibles, refuerzos no programados o imprevisibles y prolongaciones» que establecía una lista de disponibles «que por el mero hecho de estar inscritos percibían una retribución fija, de 180 euros mensuales (190 después), a la que se sumaba la variable correspondiente al servicio prestado entendida como gratificación». A tal 'bolsa', además, estaba adherida la «casi» totalidad de la plantilla policial.

Sin embargo, roto el acuerdo por parte del equipo de Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza, que ya obtuvo los reparos de la Intervención municipal cuando se firmó con Cuca Gamarra como alcaldesa, el conflicto llevó a la citada situación de «brazos caídos en la observación de sus funciones en materia de denuncias de tráfico, alcoholemias, retirada de vehículos por la grúa municipal, etc.».

De hecho, el fallo pone de manifiesto que «como consecuencia» de la extinción de tan «singular» y «peculiar» acuerdo de retribuciones adicionales (fija y variable), «ningún policía local de los que se encontraba inscrito en la bolsa (...) respondió al llamamiento para efectuar los servicios extraordinarios para atender esos eventos especiales en los dos períodos indicados de junio y julio de 2022». No acudieron, además, «aun cuando percibieron las cantidades establecidas».

Y así, siempre según la sentencia, esa ausencia de respuesta prácticamente obligó a la Jefatura de la Policía Local «a dictar las correspondientes órdenes para la prestación de los servicios necesarios», resoluciones que, para más inri, fueron recurridas pese a «ser ajustadas a derecho, legítimas y de obediencia debida» –siendo como son competencia y potestad del alcalde, según el juez–.

Y es que, tal y como adujo el propio Ayuntamiento, «no fue casual que los policías no atendiesen los requerimientos». El fallo, en ese sentido, se hace eco del aumento de las bajas de agentes de junio a septiembre del año pasado frente al mismo período del año anterior o de las ausencias diversas de patrullas para la convivencia y ruidos, atestados y otros servicios.

El texto se refiere a un «conflicto colectivo» desde abril y mayo en el cual, según las pruebas aportadas, como correos electrónicos, «se habría convenido, de modo subrepticio un ejercicio de un derecho de huelga proscrito a los policías locales», todo ello según expone el Ayuntamiento y da por válido el fallo, en el que se llega a poner de manifiesto la decisión de una asamblea sindical «de no realizar horas extraordinarias en determinados eventos».

El juez aprecia una «actuación concertada y sustitutiva» con el fin de alterar el normal funcionamiento del servicio. «Conviene precisar que son acciones constitutivas de ilícitos disciplinarios», aunque no hay constancia de expediente alguno.