Ronda Sur y A-12, bajo sospecha de mordidas, acumulan más de 60 millones en sobrecostes

El 5 de noviembre de 2019 y el 22 de junio de 2020 fueron dos fechas clave para las infraestructuras riojanas. En la primera jornada, las máquinas entraban en Navarrete para mover tierras. Era el punto de partida de las obras de la Ronda Sur de Logroño, esos casi 30 kilómetros que, aprovechando el trazado de la autopista AP-68, iban a facilitar el tráfico entre Arrúbal y la localidad alfarera y así descongestionar la circunvalación.

Como cualquier obra pública, los trabajos conllevaban dos cifras, una que marcaba el plazo y otra que fijaba el coste. La UTE Acciona-Aquaterra había ganado la adjudicación con su oferta de 111,8 millones (aunque el presupuesto base era de 149,3 millones) y el reloj debía pararse (teóricamente) 44 meses después, es decir, en julio de 2023.

Por su parte, para los 14,4 kilómetros de prolongación de la autovía A-12 entre Santo Domingo y Villamayor del Río, el Estado fijaba un presupuesto base de 97,6 millones (IVA incluido) aunque Torrescámara-Ortiz-LIC se llevaban el lote por 72,4 millones de euros y el objetivo de acabar en 36 meses.

En junio de 2020, en Grañón, un grupo de arqueólogos enmascarados a causa de la pandemia comenzaban las excavaciones en el yacimiento de La Magdalena para dar paso posterior a la maquinaria pesada. En esas prospecciones iniciales salieron a la luz numerosos enterramientos de una necrópolis altomedieval, que se convirtieron en un foco de atracción. Con el paso de los años, no iban a ser esos los principales muertos que se iban a ser desenterrados a causa de las obras.

Porque más allá de los siempre prometidos y casi nunca cumplidos plazos de obra, ambos proyectos se han convertido en pilares fundamentales sobre los que la Unión Central operativa (UCO) de la Guardia Civil ha trenzado un informe demoledor de mordidas y sobornos que ha provocado la dimisión del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y un terremoto histórico en Ferraz, con el exministro José Luis Ábalos y su hombre de confianza Koldo García como principales actores, pero no únicos.

La elección de la UTE Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras para la Ronda Sur de Logroño se había fraguado, según la UCO, entre los responsables de la trama y durante el mandato de Ábalos como ministro de Fomento de una manera sospechosa (su proyecto logró la mayor puntuación técnica entre los ofertantes) y a cambio de mordidas. «Y lo de La Rioja...», explica Koldo en una conversación sobre los presuntos pagos adeudados a Ábalos antes de ser interrumpido por Santos Cerdán: «Dice que de los 550 [mil euros presuntamente no cobrados por el exministro a cambio de varias adjudicaciones públicas], 50 son por eso».

También la elección de Torrescámara, Ortiz Construcciones y LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción) estuvo presuntamente viciada de inicio mediante el mismo método: hinchar la puntuación del juicio de valor para que, combinándolo con la oferta económica (siempre a la baja, pero sin incurrir en temeridad), se convirtiese en la mejor propuesta entre las presentadas. En este caso, la UCO reseña dos pagos (70.000 euros) a Víctor de Aldama por parte del empresario José Ruz, en otra de las ramificaciones del caso.

Los investigadores sostienen que esas adjudicaciones (al igual que otras por las que el Supremo ha pedido más pesquisas) salieron adelante gracias a que las empresas seleccionadas 'engrasaron' con dinero a la trama corrupta asentada en el Ministerio. Y después, con el sí ya logrado («Bingo!! En Logroño», le escribía el exdirector general de Carreteras del Ministerio, Javier Herrero, a Koldo tras conocer la adjudicación de la Ronda Sur, noticia que un minuto después este trasladaba a Cerdán: «Ya está La Rioja hecho») 'sólo' quedaba sacar adelante los proyectos.

Y esa ejecución no ha estado exenta de polémica y, sobre todo, de retrasos y sobrecostes. Como casi siempre ocurre en política también se han vivido cambios de criterio y urgencias apremiantes dependiendo del color del Gobierno. Así, en julio de 2017, César Luena, entonces parlamentario en Madrid por el PSOE, se preocupaba en saber cuándo se redactaría el proyecto de la Ronda Sur y el tramo de la A-12.

Para este trazado de la Autovía del Camino, el Gobierno de Mariano Rajoy respondía que el proyecto estaba redactado pero que licitar las obras debía llegar «en cuanto lo permitan las disponibilidades presupuestarias».

No sería la única vez que en su largo devenir ambas obras públicas hiciesen apariciones guadianescas en el casi siempre soporífero Boletín Oficial de las Cortes Generales... antes de saltar a los papeles y conversaciones de Ábalos, Cerdán y Koldo.

La última vez (por ahora) que se habló de la Ronda Sur y de la A-12 en la Carrera de San Jerónimo fue el 5 de junio, días antes de las revelaciones del informe de la UCO. Entonces, el Gobierno respondía a sendas preguntas de los diputados populares por La Rioja Cuca Gamarra y Javier Merino.

En la primera requerían al Ejecutivo de Sánchez si se iba a mantener diciembre de 2025 como fecha de conclusión de los trabajos en la Ronda Sur. En la segunda, se cuestionaba al Ejecutivo de Sánchez sobre el motivo para retrasar la puesta en funcionamiento del tramo de la A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villlamayor del Río.

«Las obras de la Autovía A-68, tramo Arrúbal-Navarrete continúan ejecutándose de acuerdo con el programa de trabajos vigente», era la sintética primera respuesta. «Tomando en consideración la envergadura de la obra y teniendo en cuenta las incidencias usuales que acontecen durante la ejecución de una obra lineal de esta índole, el ritmo de ejecución de las obras entra dentro de la normalidad», rezaba la segunda.

¿Y cuál es ese estado, una vez comprobados los evidentes retrasos? En el caso de la AP-68 ya parece claro que será en el momento en que se libere la autopista en 2026 (el Gobierno de José María Aznar prorrogó durante quince años el pago de peaje y luego, pese a las promesas, este se ha mantenido) cuando entren en funcionamiento los nuevos enlaces.

«Los trabajos marchan a muy buen ritmo y vamos a esperar para rematar algunas obras a que se produzca la liberación del peaje [...] Pero a lo largo de 2026 vamos a ver ya esos remates finales», declaraba en mayo de 2024 José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes en una visita a La Rioja. Es decir, casi siete años después de los primeros movimientos de tierra en Navarrete.

Para los catorce kilómetros de la A-12 que cerrarían el recorrido de esta vía en La Rioja también debería ser 2026 el año de finalización de las obras, seis años después de su inicio, el doble de lo inicialmente anunciado.

No solo el tiempo de actuaciones en ambas megaconstrucciones se ha visto ampliamente superado, sino que también el presupuesto ya hace tiempo que quedó atrás. Desde el Ministerio de Transportes se explica que en la obra de la Ronda Sur se han certificado ya 122,69 millones. Actualmente, en la web ministerial, el presupuesto de la futura circunvalación se eleva hasta los 150,72 millones. Cabe recordar que el costo inicial de la reconversión de la AP-68 se cifró en 111,8 (con IVA), lo que supone una desviación que roza los 40 millones.

Por su parte, el tramo de la A-12 que debía completar el trazado riojano de esta autovía y comenzar el burgalés (llegar a la capital vecina tardará años, lo que también retrasará por ejemplo la conexión Logroño-Madrid por autovía) está a punto de superar su presupuesto inicial cuando todavía queda bastante por hacer. La UTE formada por Torrescámara, Ortiz y LIC ganó la licitación con una oferta de 72,4 millones de euros (con impuestos). Posteriormente el contrato tuvo que ser modificado para ampliar plazos y costes, que superaban ya los 87 millones. Pero esa cantidad también se quedó corta. El Ministerio eleva ya en su web el coste de actuaciones a 95,58 millones, de los que actualmente hay 70 certificados.

Así que de los 184,2 millones iniciales calculados para ambas intervenciones se ha pasado a 246,3 después de un período que, en lo constructivo, ha estado marcado por la pandemia y por el incremento del precio de materiales y mano de obra.

Además de los sobrecostes de 62 millones y las revelaciones periodísticas, que ahora deberán sustanciarse en sede judicial, los retrasos en la Ronda Sur y la A-12 condenan a La Rioja a su eterna segunda fila en el panorama de las infraestructuras viarias (en las ferroviarias y aéreas aún estaría más atrás) mientras otras regiones prosperan y se interconectan por la vía rápida.

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