La manada de Logroño se enfrenta desde hoy a entre 6 y 10 años de internamiento

En concreto, para los tres jóvenes expedientados que tienen entre 14 y 15 años, las acusaciones, tanto pública como particular, reclaman seis años de internamiento, mientras que para los otros dos, con edades entre 16 y 17 años, piden diez. Las defensas, por su parte, solicitan la absolución.

La vista oral, que se celebrará a puerta cerrada al tratarse de menores de edad, está previsto que comience con la declaración de los cinco menores y, si nada lo impide, se extenderá a lo largo de varias jornadas alternas señaladas hasta el próximo mes de julio. Este será el segundo intento. El juicio debía haber arrancado a principios del pasado mes de febrero pero la recusación del juez solicitada por dos de las defensas de los detenidos justo el mismo día de su inicio abortó su celebración.

Los dos abogados que reclamaron la recusación alegaron el supuesto interés directo o indirecto del magistrado basándose en un informe del juez en el que negó la petición de más tiempo para estudiar lo ocurrido por parte de estos mismos letrados. En el mismo auto, consideraba que el juicio ya se podía celebrar puesto que las dos menores víctimas de la agresión sexual ya habían declarado en la cámara Gesell. Tras aquellas primeras declaraciones, se habían tomado otras que el juez consideró suficientes tanto para refutar como para corroborar la versión de las pequeñas, de ahí que lo adecuado era, a su entender, celebrar la vista.

La Audiencia Provincial no sólo tumbó las pretensiones de los dos letrados, sino que también apreció «mala fe» en su actuación «temeraria y abusiva» al provocar la suspensión de la audiencia en el mismo día en el que estaba señalada. Por todo ello, ordenó abrir pieza separada y resolver sobre la determinación de la cuantía de multa a imponer a los promotores de la recusación.

Los hechos se remontan al 9 de abril de 2023. Ese día, las dos víctimas, de 12 y 13 años, habían quedado con dos de sus agresores a través de una red social en una céntrica calle de Logroño. En un momento dado, las convencieron para acceder a los trasteros del inmueble y, una vez allí, las separaron y llevaron a cada una a los trasteros cochambrosos donde supuestamente las abordaron y agredieron sexualmente. Todo habría ocurrido en un cubículo, antiguas carboneras, al que los chavales se referían como 'cachiman', al que se accede a través de una pequeña puerta ubicada en la planta baja del edificio.

Tras lograr zafarse de los chavales, fueron caminando hasta Duquesa de la Victoria, donde fueron atendidas por varias patrullas de la policía local y también de la nacional. De ahí fueron conducidas al hospital San Pedro.

Dos días después, la Policía Nacional detuvo a cinco menores de entre 14 y 17 años y otros dos pequeños, de menos de 12 años y por tanto inimputables, que quedaron bajo la tutela de sus padres y que, pese a no tener responsabilidad penal sí tendrían responsabilidad civil.

Tras pasar una noche en el calabozo de la Jefatura Superior de Policía, donde se acogieron a su derecho a no declarar, los cinco detenidos fueron trasladados a disposición de judicial. Siete horas de declaración después, el juez de Menores ordenó el internamiento en régimen cerrado en el centro Virgen de Valvanera de dos de ellos. Sobre el resto pesaba una orden de prohibición de acercarse o comunicarse con las pequeñas.

24 horas después, el juez de guardia envió al mismo centro a otros dos de los chavales sobre los que se había acordado esta medida cautelar. Estos dos adolescentes, según informó entonces el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), fueron reconocidos por las víctimas como dos de los jóvenes que participaron en la presunta agresión sexual. Sobre el último detenido se mantuvo la prohibición de acercarse y comunicarse con las pequeñas. Así hasta junio porque el juez ordenó su ingreso en Valvanera por su supuesta implicación en una nueva violación grupal que había tenido lugar antes, en concreto el 27 de enero, pero que no había sido denunciada hasta entonces.

También en junio las defensas solicitaron la puesta en libertad de los menores por el contenido de la transcripción de una llamada que las niñas hicieron a la policía nacional. En aquella comunicación, denunciaban que les habían robado 42,30 euros y una sudadera valorada en 200, pero no mencionaban la agresión sexual de la que supuestamente acababan de ser víctimas. El juez rechazó la petición de los letrados.