Una denuncia en agosto por presunto fraude alimentario desató los acontecimientos

La situación sorprendía a alfareños y cerveranos. Se disparaban los rumores, pero todo apuntaba a un presunto fraude alimentario en la calidad de las conservas de pescado con las que trabaja la empresa. Los detalles de la operación permanecieron en secreto de sumario decretado por el Juzgado de instrucción número 2 de Calahorra, aunque se supo que había varios detenidos, entre ellos el matrimonio propietario de la firma.

Al día siguiente, las dos plantas retomaron la actividad con la normalidad que la situación que la empresa atravesaba podía deparar.

Pasaron las Navidades y una rueda de prensa desveló el 8 de enero los detalles de la bautizada como Operación Matsu: en una actuación conjunta de la Guardia Civil con colaboración del Arma de Carabinieri italiana y la Europol, su Unidad Orgánica de Policía Judicial, habían detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres entre los 28 y los 64 años, como presuntos responsables de los delitos de estafa, contra la salud pública y organización criminal vinculados con la comercialización irregular de conservas en atún.

Esa información indicó que una denuncia inició a finales de agosto la investigación, realizando muestras, incautando materias y bloqueando cuentas y propiedades.

La empresa intentó continuar con su actividad normal, recuperando ritmo tras el impacto de la operación. Hasta que el pasado viernes comunicaba a gran parte de sus trabajadores que, vista la reducción de pedidos y las dificultades para conseguir nuevas materias primas, les daba permiso retribuido desde este lunes. Ese viernes, los trabajadores se concentraban en el patio de la planta alfareña para pedir a quien les escuche que defienda sus puestos de trabajo. Desde ese día, muchos siguen en casa, sin ir a trabajar. Y, desde este jueves, vislumbrando en el horizonte un ERTE.