Demoras que no hacen justicia
Tribunales ·
La falta de medios y de personal provoca una repetida rebaja de penas por dilaciones indebidas, mecanismo que en ocasiones se usa como moneda de cambio para llegar a un acuerdo
La Constitución española reconoce el derecho de todos los ciudadanos a un proceso judicial sin dilaciones, aunque este derecho no se recogió expresamente en el Código Penal hasta 2010. El artículo 21.6 reza textualmente que será una atenuante siempre que la dilación extraordinaria no sea atribuible al acusado y no guarde proporción con la complejidad de la causa.
Descendiendo a casos concretos, en La Rioja, el exceso de tiempo en el caso del fraude del viñedo jugó a favor de los acusados. El proceso duró catorce años y el fiscal rebajó finalmente la petición de pena de cárcel de 11 años a 24 meses. Todas las defensas refrendaron el acuerdo y ninguno de los procesados ingresó en prisión.
Algo parecido ocurrió con la exdecana del Colegio de Psicólogos de La Rioja, condenada por estafar a varias personas con la venta de viviendas. En un primer momento la Audiencia Provincial de La Rioja la condenó a seis años de cárcel, pero tiempo después el Tribunal Supremo redujo la pena a tres años por los retrasos. Habían transcurrido ocho años desde que se inició la investigación hasta que los acusados se sentaron en el banquillo.
El caso más reciente es el del exalcalde de Viguera Aitor Santibáñez, acusado de malversación. El pasado lunes aceptaba el acuerdo de la Fiscalía, quien rebajó la pena de quince a seis meses de cárcel al tener en cuenta que era de aplicación esta atenuante.
Las dilaciones indebidas son, por un lado, una manifestación de la lentitud de la Justicia por la falta de medios y personal, pero también es una moneda de cambio para alcanzar acuerdos entre acusaciones y defensa y evitar así la celebración del juicio. «La aplicación de esta atenuante puede suponer una notable reducción de la pena», explica el abogado Carmelo Irazola. Con el añadido de que en estos casos «no se celebran ni interrogatorios ni testificales ni nada de nada».
Estos retrasos atribuidos a la propia administración de Justicia provocados, en ocasiones, por «los cambios de titulares en los juzgados», precisa Irazola, generan la llamada pena de banquillo. «Estás sometido a la imposición de una posible pena en un tiempo excesivamente largo y durante ese tiempo, aparte de la preocupación personal, no sabes qué va a suceder, pero sobre todo no sabes qué va a suceder sin ninguna razón que lo justifique».
Cierto es que algunas rebajas de condenas resultan sorprendentes y generan cierto malestar entre los ciudadanos. Son dicen, «sentencias a la carta». Pero esa inquietud es especialmente acuciante en las víctimas. «Al que se le aplica la atenuante de dilaciones indebidas está encantado, pero la víctima, que también sufre el retraso, no tanto», apunta.
La ansiedad que genera la demora en un proceso judicial, la incertidumbre por saber qué ocurrirá, no es exclusiva del procesado, «es también de la víctima y, sin embargo, a quien benefician es al acusado».
«Al que se le aplica la atenuante de dilaciones está encantado, pero la víctima, que también sufre el retraso, no tanto», señala Irazola
La víctima, detalla Irazola, será la que reciba la indemnización correspondiente, y no siempre porque muchos delincuentes se declaran insolventes, «pero va a ver cómo a su agresor le reducen la condena».
Al final, este instrumento, así como la presunción de inocencia, son principios que se aplican en favor del delincuente y luego las víctimas son resarcidas con la condena del acusado y con una indemnización, pero en los casos en los que se aplica esta atenuante «la frustración que se crea es muy grande», apunta el letrado.
En cualquier caso, la búsqueda de medios para agilizar la justicia ha sido una batalla de los sucesivos presidentes de Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Javier Marca, durante el acto de apertura del año judicial el año pasado volvió a insistir en la necesidad de crear nuevos órganos judiciales. «Los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, porque la justicia tardía no es justicia».
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