El defensor fantasma

El Parlamento de La Rioja aprobó la legislatura pasada la recuperación de la figura del Defensor del Pueblo. Desde 2020, los Presupuestos Generales de La Rioja incluyen una partida de casi 400.000 euros para financiar esta entidad, cuyo función es defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos frente a las administraciones públicas riojanas. La Defensoría del Pueblo de La Rioja fue víctima de la 'cura' de adelgazamiento del sector público en el 2013, cuando los hombres de negro de Bruselas estuvieron a punto de intervenir la administración. Fue el entonces presidente de La Rioja, Pedro Sanz, quien suprimió la Defensoría con el argumento del necesario ahorro, si bien las relaciones con su titular, la abogada María del Bueyo Díez Jalón, tampoco eran especialmente fluídas.

Con estos antecedentes, el Parlamento riojano aprobó hace ya cuatro años –con la abstención del PP– una proposición no de ley que instaba al Gobierno a recuperar la Defensoría, aunque los partidos mayoritarios –al defensor lo nombra la Cámara con una mayoría de 3/5– no lograron ponerse de acuerdo. Concha Arruga, profesora de la Universidad de La Rioja (UR) y exconsejera de Hacienda del Gobierno del PP, estuvo a punto de ser la candidata, pero finalmente el PSOE no aceptó la propuesta. Así las cosas, la Defensoría del Pueblo sigue presupuestándose año a año –incluso se llegó a acondicionar una oficina en la calle Muro de la Mata, número 8, justo encima de la ADER, para su funcionamiento–, pero continúa siendo una entidad fantasma.

Tampoco parece el momento actual el ideal para llegar a un acuerdo. Vox, que ha entrado esta legislatura al Parlamento, ya confirma a Diario LA RIOJA que presentará una enmienda a la Ley de Presupuestos para 2024 en la que pedirá su supresión: «Pensamos que es un gasto superfluo e innecesario [398.000 euros]. En nuestra opinión, los argumentos del PP en 2013 para suspender su actividad siguen siendo válidos a día de hoy: la austeridad en la gestión del dinero público y la eliminación de duplicidades», aseguran desde el grupo parlamentario, que no dudan en calificar la Defensoría «de otro chiringuito más de la izquierda, cuando para cualquier cualquier mala praxis de cualquier administración está el Defensor del Pueblo del Estado».

El PP, preguntado por este diario, no sabe ni contesta. Mientras fuentes del Gobierno riojano aseguran que «se presupuesta la partida por obligación» y que «a corto plazo no hay planes», el Grupo Parlamentario Popular se remite a «lo que diga el Ejecutivo».

Sí lo tiene más claro el PSOE, cuyo diputado Miguel González de Legarra señala que «el propio Estatuto de La Rioja incluye la figura del Defensor del Pueblo». «Para nosotros –continúa–, no hay excusa para no negociar un nombramiento, máxime cuando las comunidades autónomas tienen cada vez más competencias».

Así, el PSOE se muestra abiertamente a favor de «no seguir dilatando una cuestión» y recuerda que la experiencia de la defensora anterior, cuyo nombrambiento propuso el propio PP con mayoría absoluta, «fue positiva, y lo sería igualmente ahora que el PP vuelve a tener el control parlamentario total».

Izquierda Unida comparte también con los socialistas la necesidad de la Defensoría: «No hubo acuerdo hace unos años entre PP y PSOE, porque era necesario consensuar un nombre por mayoría de 3/5, pero nosotros entendemos que debería abrirse una nueva negociación porque, entre otras cosas, se están incumpliendo lo que aprobó el Parlamento», indica la diputada Henar Moreno.

• Temas
• La Rioja
• Defensor del Pueblo